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Hacienda impondrá una tasa del 3% a las plataformas como Uber, Airbnb o Amazon

"Generan miles de millones y no tributan de manera adecuada", ha dicho María Jesús Montero.

"Generan miles de millones y no tributan de manera adecuada", ha dicho María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda María Jesús Montero, durante la comparecencia de hoy | EFE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este jueves que el Gobierno estudia fijar un tratamiento fiscal "adecuado" para la economía colaborativa, fundamentalmente para plataformas de sectores de alojamiento o transporte, entre las que se encuentran empresas como Airbnb, Uber, Cabify o Amazon.

"Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales", ha afirmado Montero durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado para explicar las líneas generales y los objetivos de su Ministerio.

En declaraciones a la prensa tras comparecer en la Comisión, Montero ha especificado que este gravamen será del 3% y que se tramitará como una proposición de ley al ser un impuesto nuevo. Afectará a las multinacionales tecnológicas con una facturación superior a los 750 millones de euros en el mundo y 3 millones en España.

"Las pymes pagan más que las grandes"

Respecto a la fiscalidad, ha vuelto a defender que "paguen más lo que más tienen y que reciban más lo que más lo necesitan en términos de salud, educación o de ayudas al alquiler", por lo que ha abogado por una "redefinición de la fiscalidad" que, ha asegurado, "no va a afectar en modo alguno ni a la clase media ni a la clase trabajadora".

Según Montero, la nueva fiscalidad está pensada en forma de "revitalización de los servicios públicos" y de reducir las "enormes" desigualdades sociales. Aunque todavía no se puede dar por definitivo "ninguno de los aspectos que conforman los PGE", Montero ha detallado los principales cambios tributarios que incluirán las nuevas cuentas públicas.

En concreto, ha afirmado que se subirá el IRPF a rentas superiores "a 140.000 o 150.000 euros", es decir a aquellos que ganen más de 10.000 euros al mes. Así, ha recordado que el sueldo más frecuente en España es de 16.497 euros brutos anuales, por debajo de 1.000 euros al mes.

Además, verá la luz un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes corporaciones, de forma que "no puedan valerse del elevado número de bonificaciones y exenciones" que hacen que las grandes compañías tributen a un tipo más bajo.

En este sentido, ha indicado que el último boletín recaudatorio refleja que las grandes corporaciones tributan a un tipo efectivo menor que las pequeñas empresas, ya que las empresas que facturan menos de 8 millones de euros pagan más que los que se sitúan por encima de ese nivel.

De hecho, ha asegurado que actualmente se recauda por Sociedades menos que en 2007, a pesar de que el volumen de negocio es igual o superior al de ese año.

Diésel y el IVA femenino

También ha detallado Montero que se están explorando "distintas opciones" sobre el impuesto de transacciones financieras, que se constituirá "en línea con Europa", y se estudia un "tratamiento fiscal adecuado" para plataformas de economía colaborativa.

Igualmente, se llevará a cabo una revisión "profunda" de la fiscalidad verde para combatir los daños del cambio climático en la salud, un paquete de medidas en el que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica en el marco de una nueva ley.

En este contexto, se reducirá el diferencial de la tributación entre la gasolina y el diésel, aumentando el gravamen del gasóleo, sin afectar a transportistas ni autónomos, al tiempo que se reducirá el IVA de los productos de higiene personal femenina del 10% actual al tipo superreducido del 4%, ya que la fiscalidad actual es "discriminatoria".

Un 5% a los beneficios en el exterior

Además, Montero ha confirmado que está negociando establecer un porcentaje del 5% de tributación para los beneficios que las empresas obtienen en otros países, que actualmente cuentan con una exención del 100% por los convenios de doble imposición.

La ministra ha explicado que la negociación se centra en ver si "aquello que tiene fiscalidad ya en los países donde se ha producido actividad o donde se ha exportado, puede repercutirse". "Vamos a utilizar el mismo parámetro que Francia o Alemania, para que haya un porcentaje mínimo de doble imposición que tribute en el país de origen", ha especificado.

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