Quizá lo más trabajoso en el artículo de hoy, en este preciado y querido diario digital, haya sido decidir el título. Ha acabado, haciendo un alarde de brevedad, en el vocablo ocurrencias, porque nada me venía en mente que no hiciera pensar, a los que me conocen y me leen, que por fin, en esta ocasión, parecía haber perdido mi habitual compostura. ¡Ya era hora! dirían algunos.
Y, antes de concretar el motivo de mi preocupación, permítanme hacer una distinción que, de ordinario, no suele plantearse por exceso de clasicismo. Me refiero a la diferencia entre lo que se puede y lo que se debe. Nunca encontraré justificación para que una decisión –sea de hacer o de no hacer– se tome en virtud del principio inapelable de porque puedo; naturalmente, además de porque quiero. Esto último va siempre de suyo.
Nuestro Gobierno, y otros que lo han sido, pues tampoco el actual tiene en esto la originalidad y menos aún la exclusividad, cuando el ciudadano analiza las más de sus decisiones concluye ordinariamente que obedecen, en el mejor de los casos, excluidas las arbitrarias, a dos razones: que quiere y que puede. Es más, ésta última, con frecuencia, se alcanza mediante atropellos a las leyes o por interpretaciones torticeras de las mismas. Pero pocas veces, si alguna, responden al objetivo de porque deben. Cuando el deber del servidor público no es otro que el bien común de la sociedad.
Ser presidente o ser ministro, aun siendo objetivos legítimos en abstracto, están lejos de lo que se debe. La última ocurrencia del Gobierno del presidente Sánchez, comunicada por la vicepresidenta y ministra Calvo, es la imposición de cuotas de mujeres en las cúpulas de las empresas –es decir, en los Consejos de Administración– y en los cargos intermedios.
Aparte de lo ofensivo que la propuesta pueda tener, precisamente para las mujeres competentes –que son muchas–, porque la persona competente no precisa protección, la cuestión de fondo es: ¿pretende la señora vicepresidenta que su voluntad sustituya a la de la Junta General, del accionariado o de los socios en su conjunto?
Los accionistas de una sociedad anónima, o los socios en una sociedad de limitada, son los primeros interesados en tener personas –hombres y mujeres– de competencia sólida para gestionar los negocios en los que han invertido su capital.
¿Qué responsabilidad asumiría el Gobierno al restringir la capacidad de elección en una Junta General a la hora de confiar la gestión de sus intereses económicos?
Me temo que, como el único argumento capaz de sustentar semejante propuesta es porque quiero y porque puedo –aunque para esto último haga falta modificar la Ley de Sociedades Anónimas y la de Sociedades de Responsabilidad Limitada–, no imagino que los miembros del Gobierno que voten a favor de la misma asuman una responsabilidad personal plena –civil y penal– por su imposición.
¿Quién cree el Gobierno que es, para condicionar a quién puedo yo confiar mi dinero?