PSOE y Podemos han acordado diversas medidas de calado en el sector energético con el fin de volver a impulsar las fuentes renovables, al tiempo que recortan los beneficios de las centrales hidráulicas y nucleares y reforman el bono social.
Impulsar las renovables
El acuerdo contempla aprobar un plan de impulso a la repotenciación de las plantas renovables existentes. "Es preciso recuperar el atractivo de invertir en renovables: el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de nuestros objetivos internacionales, la seguridad de suministro y el impacto positivo que ejercen en el precio hace imprescindible enviar las señales adecuadas". Por ello, entre otras medidas, acuerdan:
- Modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.
- Introducir modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 para dotar de estabilidad al marco retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y para "garantizar una rentabilidad razonable a largo plazo a los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que no pudieron adaptar sus esquemas de inversión a un marco que no conocían". Esto implicará revertir, en mayor o menor medida, los recortes a las primas renovables aprobados por el anterior Gobierno del PP.
Fomento del autoconsumo
Establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad. Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.
Recorte a las eléctricas
El pacto recoge un plan para acabar con la "sobrerretribución (conocida como "beneficios caídos del cielo") que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, las cuales fueron instaladas en un marco regulatorio anterior a la liberalización y han recuperado sobradamente sus costes de inversión".
Este punto hace referencia a la centrales hidráulicas y, en menor medida, las nucleares, cuyas plantas, construidas en la etapa franquista, ingresan una retribución extra destinada a amortizar la inversión efectuada en su día. Según el texto, "una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico. La diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y será destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores", añade.
Nuevo bono social
Pactan realizar una reforma "profunda" del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que "cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.
Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales. Además, se mantendrá que la financiación sea íntegramente cubierta por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación.
El anterior bono social ya tuvo que ser reformado en octubre de 2017 después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por ser incompatible con la normativa comunitaria, dando así a las grandes eléctricas la razón en su recurso contra la obligatoriedad de financiarlo. No obstante, la actual normativa establece que siguen siendo todas las comercializadoras de electricidad las que asumen su financiación, un grueso de más de 200 empresas, pero en las que las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo- cubren más del 95% del coste total.
Asimismo, con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de "pobreza energética" se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que dispongan de los derechos y descuentos reconocidos tanto en el bono social eléctrico como en el real decreto ley de medidas urgentes aprobado la pasada semana.
Además, han acordado presentar en el plazo de cuatro meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que contará para su elaboración con la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las asociaciones de consumidores, los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.
Subvenciones al coche eléctrico
Poner en marcha un plan de subvenciones para el vehículo eléctrico, "estable e ininterrumpido hasta el año 2020, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados y/o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente", añade el documento.
El plan contará en el año 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.
Eficiencia energética
- Poner en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de cuatro años y con una movilización de 400 millones cada año. El plan responderá a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total.
- El proceso de implantación y desarrollo del plan se llevará a cabo en cooperación con las entidades locales y regionales, y con la participación de las empresas del sector. Se dotará de continuidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el nuevo periodo 2021-2030. Este fondo estará dotado de al menos 200 millones de euros anuales que serán aportados por las empresas comercializadoras de la electricidad. Se analizará la posible extensión de la aplicabilidad de este fondo al autoconsumo doméstico como fuente de eficiencia del sistema.
Cambio en la factura
También quieren modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.