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Los tres ejes del aumento del gasto que han pactado Sánchez e Iglesias: sanidad, educación y prestaciones

El Gobierno incluye el desarrollo de un “Ingreso Mínimo Vital”, equipara permisos de paternidad y eleva el gasto educativo y sanitario.

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El acuerdo presupuestario acordado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias recoge un paquete de reformas y medidas que, de uno u otro modo, implicara un sustancial aumento del gasto público. A continuación, se enumeran las medidas más relevantes.

Más "gasto social"

Por un lado, el programa contempla el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, programa pensado "para familias vulnerables" que también se pretende ampliar a "familias con ingresos muy bajos". Estas medidas incluyen un desembolso de 180 millones de euros y contemplan ayudas crecientes según el número de hijos.

Por otro lado, se introducen ayudas para comedor valoradas en 25 millones de euros. Conviene recordar que Unidos Podemos prometió un programa similar en el Ayuntamiento de Madrid bajo el pretexto de la "lucha contra la pobreza infantil", si bien el gabinete de Manuela Carmena terminó abandonado esta idea y reconociendo la efectividad de los sistemas de ayudas que venía desarrollado el anterior Ayuntamiento, dirigido por el PP.

También acuerdan un avance hacia la "universalización y la gratuidad" de las guarderías y escuelas infantiles. El planteamiento presupuestario tiene un impacto de 330 millones de euros, pero se anuncia como un primer paso hacia niveles mayores de gasto público.

Además, la negociación entre socialistas y comunistas arroja como resultado varios retoques a la "equiparación del permiso de maternidad y paternidad" que ya estaba planteando, con la novedad de que parte de esa baja será compartida con la de la madre y el resto deberá ser empleado por el padre cuando la mujer acabe la suya o si la interrumpe. En 2018, habrá ocho semanas de homologación entre uno otro permiso, mientras que en 2020 se llegaría a las doce semanas y en 2021 se alcanzarían las dieciséis. De momento, el impacto será de 300 millones de euros, aunque el coste final ascenderá a 600 millones.

Más "gasto sanitario"

En primer lugar, se pretende extender la cobertura de las tarjetas sanitarias para que dichos servicios se entreguen de forma universal y generalizada. Esta medida revertiría el plan de ahorro lanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y supondría un aumento del gasto público valorado en 1.100 millones de euros.

En segundo lugar, se plantea revertir los copagos farmacéuticos instaurados por el anterior Ejecutivo. El anuncio supone un aumento del gasto público equivalente a 2.000 millones de euros, de los que 400 millones corresponden a desembolsos realizados por pensionistas, precisamente el primer colectivo para el que se aplicarían las medidas acordadas por PSOE y Podemos.

En tercer lugar, se habla de "blindar el sistema público contra privatizaciones". Está previsto que, en menos de seis meses, una Comisión pactada por el socialistas y comunistas "analice la situación y revierta las concesiones y privatizaciones para blindar el carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario". En Madrid y Valencia, la gestión privada de la sanidad pública ha generado ahorros comprendidos entre el 20% y el 30%.

En cuarto lugar, el presupuesto de dependencia sube un 40% y alcanza los 515 millones de euros y se recupera la cotización a la Seguridad Social para los familiares que cuidan a un dependiente, una medida que supone 315 millones de euros a las arcas públicas.

Más "gasto educativo"

El gasto en educación oscila de unas autonomías a otras. Las diferencias llegan a 2.250 euros por alumno, según un interesante informe de la Fundación BBVA que vio la luz hace escasas semanas. Dicho trabajo acredita que la clave para mejorar los resultados del sistema no radica en gastar más, sino en gestionar mejor a base de primar el esfuerzo, fomentar el conocimiento y desarrollar la creatividad.

Sin embargo, las propuestas de PSOE y Podemos están encaminadas en la dirección opuesta: menos exigencia a los profesores y más dinero público como solución a todos los males del sistema. En esa línea van las siguientes medidas:

  • Supresión del aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes.
  • Fin a la posibilidad de elevar hasta un 20% la ratio máxima de alumnos por aula.
  • Veto al período de espera de diez días que frenaba la incorporación de interinos ante bajas laborales de profesores.
  • Aumento de becas hasta llegar a 536 millones de euros.
  • Subvenciones para la compra de material escolar valoradas en 50 millones de euros.
  • Reducción de las tasas universitarias (hoy suponen alrededor del 20% del coste real de la matrícula, pero se pretende dejarlas en niveles similares al período pre-crisis, cuando esta tasa se movía en el 10%).

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