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El pacto presupuestario entre Sánchez e Iglesias esconde más de lo que cuenta

El documento programático acordado por PSOE y Podemos oculta el impacto presupuestario que tendrán sus propuestas.

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias | Archivo

John Cage, uno de los compositores más relevantes de la música contemporánea, saltó a primera plana mundial por una obra titulada Cuatro minutos treinta y tres segundos (4'33). En ella, los intérpretes se preparan en el escenario, como en cualquier otra ocasión. Afinan, dejan al público carraspear y mirar el móvil… Hasta que el director levanta la batuta.

Entonces, ocurre lo siguiente...

Y se acaba el primer movimiento. La gente contiene el aliento. El director vuelve a levantar la batuta, y ocurre lo siguiente...

Y así, los 4 minutos y 33 segundos que dura la obra el compositor, dividida en tres actos. Si fuera artista o, en su defecto, un analista económico de Podemos o PSOE, pasaría el resto del artículo contándoles el trasfondo filosófico que hay detrás de esta obra de arte, hablándoles de la importancia del silencio en la música y en la vida, y un largo etcétera. Pero no estoy aquí para tomarles el pelo a todos ustedes, sino para exponer un análisis riguroso, precisamente lo contrario de lo que han hecho Podemos y PSOE con la pantomima de la firma del acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

El Gobierno de la "revolución social" para España y el "partido del cambio" han sellado un pacto para los Presupuestos que supone un incremento de gasto, documento en mano, de 5.729 millones de euros, el más liberal de la España post-crisis. Según datos del propio Ministerio de Hacienda, el aumento promedio del gasto público durante los últimos 6 presupuestos es de casi 9.000 millones de euros. El triple de lo que han acordado PSOE y Podemos.

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Y, sin embargo, la contraparte en términos de impuestos es interminable -pueden leerla aquí-. En total, más de 7.200 millones de euros, según las estimaciones publicadas por Podemos. ¿A alguno de ustedes le parecería coherente unos presupuestos de PSOE-Podemos en los que se incrementara los ingresos públicos para lograr superávit presupuestario? A mí, desde luego, no.

Solamente queda, por tanto, la posibilidad de que ambos estén escondiendo más de lo que muestran. Para empezar, los 200 euros por vehículo diésel de los que ya hemos hablado en esta columna no aparecen dentro del capítulo dedicado a impuestos. Y, sin embargo, dentro de las ayudas para la movilidad eléctrica sí que señalan que "al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel" se destinará a estos fines.

Es decir, que va a haber impuesto al diésel, al igual que la retahíla de impuestos con la que llevan amenazando Podemos y PSOE en los últimos meses. Y, por consiguiente, habrá partidas de gasto adicionales a las reflejadas en el documento.

Me cuesta profundamente creer que la izquierda de este país deje de lado la falacia de la austeridad. Como parte del documento definitivo a enviar a Bruselas, esperen un incremento notable del gasto en educación, sanidad, etc. Algo ya deja entrever el acuerdo, aunque, como buenos trileros, esconden el número entre líneas mientras se hacen la foto triunfantes.

El gasto en las partidas básicas del estado de bienestar -sanidad, educación y pensiones- se ha incrementado a un ritmo promedio del 3,5%, y con tendencia ascendente, durante los últimos ocho años. Las estimaciones del coste de indexar las pensiones al IPC y elevar el umbral mínimo que recogen Podemos y PSOE asciende a 1.000 millones en 2018. Como contrapartida, BBVA Research estima que la subida ya aprobada de 2018 y la indexación de 2019 supondrá a los bolsillos de los ciudadanos 4.800 millones de euros.

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Ya no son 5.300 millones de gastos. Son unos 8.000. La equiparación de la baja por paternidad, según el propio Ministerio de Trabajo, añaden otros 1.000 incrementales. Ya vamos por más de 9.000 millones de euros de gastos. Y no están todos contabilizados. A esta infraestimación de las partidas de gasto hay que añadirle aún la negociación con los grupos nacionalistas, cuyo voto siempre -siempre -tiene un precio que pagamos usted y yo.

Todo para construir nuevos ejércitos de funcionario, observatorios, comisiones y un sinfín de burocracia a cargo de su bolsillo y del mío. Incluso en I+D+i, donde ya hemos advertido que necesitamos menos funcionarios y más científicos de datos.

Y, por supuesto, enormes trabas a la contratación y más carga fiscal para los autónomos. La subida del salario mínimo interprofesional, aparte de ser una de las concesiones que hizo el anterior gobierno, encarece la fiscalidad de 1,7 millones de autónomos en 422 euros al año y en 2.400 euros la contratación de un trabajador. El establecimiento del pago de la cuota de autónomo proporcional a la facturación, por su parte, es una subida encubierta de impuestos para el 70% del colectivo, según ATA.

La última vez que se aprobó un "plan de choque"contra la crisis para proteger al pueblo y hacer justicia social de más de 10.000 millones de euros fue en el año 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo. La crisis financiera mundial, por aquellos entonces, solamente asomaba la patita. Frente a ella, y frente a países como Alemania, que combatieron la desaceleración con rigor fiscal y reformas orientadas a la competitividad, nos lanzamos al gasto público. El resultado es conocido por todos: un déficit del 11% del PIB y la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país. Desde ahí solamente hemos sido capaces de seguir a remolque como consecuencia del despilfarro.

Ahora falta el trámite de elevar este despropósito a la Comisión Europea y esperar su veredicto. En caso de cumplir objetivamente con sus obligaciones, el documento enviado por Pedro Sánchez debería ser rechazado. En caso contrario, España se convertirá, automáticamente, en la nueva Italia. Los indicadores de riesgo se dispararán y los malvados mercados nos estarían atacando.

Las grandes potencias europeas se están preparando para el invierno. Alemania lleva varios años en superávit, y a lo largo del presente pretende cumplir con el 60% acordado en Maastricht en términos de deuda. Francia, por su parte, ya ha comunicado un plan de ajuste de la plantilla pública y del gasto público. España seguirá a Italia y presentará un crecimiento del PIB sin precedentes para justificar varios miles de millones de gasto público que irán directamente a engrosar nuestro déficit. Y, con él, la deuda pública.

Quizás hubieran preferido que les contara el trasfondo artístico que subyace a la magnífica obra de John Cage. Ni tan siquiera así este artículo hubiera estado a la altura intelectual del documento que han firmado Podemos y PSOE. La tomadura de pelo que pagamos todos debe acabar.

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Daniel Rodríguez es consultor estratégico de multinacionales, autor del blog economistadecabecera.es y miembro del Comité de Dirección del Club de los Viernes.

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