Hasta hace un año, España compartía con Francia el dudoso honor de ser los dos últimos países de la Unión Europea que aplicaban un Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, el gobierno de Emmanuel Macron anunció el fin de dicha tasa el pasado año, de modo que la Vieja Piel de Toro se ha convertido en el único socio comunitario que sigue manteniendo este gravamen.
Hoy se ha conocido que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden revisar al alza el tributo en el marco del pacto que han alcanzado PSOE y Unidos Podemos para desbloquear los Presupuestos Generales de 2019. El plan de los líderes de ambas agrupaciones izquierdistas es aumentar en un punto porcentual el tipo del impuesto aplicado a quienes mantienen un patrimonio superior a los 10 millones de euros.
En la actualidad, la escala del gravamen llega a registrar tipos del 3,75% en comunidades autónomas como Extremadura. También hay tipos superiores al 3% en Andalucía, Baleares, Asturias, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. Por lo general, los mínimos exentos rondan los 700.000 euros.
Las reglas del impuesto solo dejan fuera del cálculo los primeros 700.000 euros de patrimonio y 300.000 euros ligados a vivienda habitual. El tratamiento es algo más favorable para el contribuyente en La Rioja, donde se bonifica el 50% del tributo. Existe, eso sí, un oasis fiscal: la Comunidad de Madrid. La región de la capital de España no aplica este gravamen desde que el gobierno de Esperanza Aguirre lo eliminó en 2008, hace ahora una década.
Los datos cerrados para 2015 apuntan que el Impuesto de Patrimonio golpea en la actualidad a 163.449 personas. La recaudación obtenida por dicho gravamen asciende a 1.003 millones de euros, una cantidad ínfima en comparación con el gasto público total. De media, los contribuyentes sujetos al pago del impuesto abonan anualmente más de 6.000 euros por este concepto.
El plan de Sánchez e Iglesias es añadir un punto porcentual de imposición a patrimonios superiores a los 10 millones de euros. Los datos de la Agencia Tributaria nos dicen que hay 5.800 contribuyentes en una base imponible que va de 6 a 30 millones, mientras que otros 500 se situarían por encima de los 30 millones.
Tampoco hay estadísticas concretas de lo que puede suponer esta medida, pero sí cabe hacer aproximaciones al golpe tributario que prepara el gobierno con sus socios comunistas. Por ejemplo, Fundalib estimó que los patrimonios de 15 millones de euros están pagando anualmente 275.000 euros pro este impuesto.
Partiendo de dicho cálculo, elevar la cuota en un punto porcentual implicaría disparar dicho pago hasta los 365.000 euros por ejercicio. Un rejonazo fiscal que, sin duda, disparará la elusión del impuesto, empujando a las grandes fortunas a reordenar sus activos para escapar de Hacienda de forma legal.