El gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aplicar un impuesto del 0,2% a la compra de acciones. La medida está inspirada en una tasa similar que está vigente en Francia, aunque con un recargo del 0,3%. El Ejecutivo socialista aspira a recaudar cerca de 1.000 millones de euros. Quedarían fuera del gravamen las salidas a bolsa, los títulos de deuda, los derivados o las liquidaciones de los creadores de mercado.
El caso es que este tipo de medidas fiscales ya han sido probadas en decenas de países que, lejos de haber insistido, han terminado abandonado por completo la idea de gravar fiscalmente las transacciones financieras. Quizá el ejemplo más célebre es el de Suecia, donde se introdujo un gravamen de este corte en la primera mitad de los años 80.
En el caso escandinavo, la tasa era del 0,5% y se aplicaba a todas las operaciones. Un lustro después de la entrada en vigor del impuesto, el volumen de transacciones del mercado sueco se había desplomado un 85%, a raíz de un traslado generalizado a centros de operaciones internacionales como Londres. Suecia eliminó la tasa en 1991, ante el hundimiento de sus mercados y la caída de ingresos fiscales derivada por dicha crisis.
Pero el ejemplo sueco es solo uno de tantos. Como recuerdan desde BBVA Research, los impuestos a las operaciones financieras también han tenido mucho recorrido en Hispanoamérica. No en vano, se han introducido tasas similares en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela…
El servicio de estudios de BBVA advierte que los efectos indeseados de estas subidas impositivas fueron enormes:
- En primer lugar, se frenó la intermediación financiera, causando un impacto negativo en el crecimiento, al dificultar la transformación del ahorro en inversión y perder de esta forma una fuente vital de financiación para la economía.
- En segundo lugar, el impuesto generó una salida de capitales hacia el extranjero.
- En tercer lugar, la recaudación fiscal terminó bajando mientras el gasto siguió aumentando, contribuyendo a generar un problema presupuestario más grave.
- En cuarto lugar, se produjo un aumento de tipos de interés orientado a mitigar el impacto de la medida en la rentabilidad de las entidades financieras.
- En quinto lugar, se generaron fuertes distorsiones impositivas como consecuencia de las estrategias de planificación fiscal que fueron desarrolladas para esquivar o aminorar el impacto del gravamen.
No hay que olvidar que, de acuerdo con los informes disponibles, el empleo en España también se vería resentido si se aplicase un impuesto a las transacciones financieras. De hecho, los trabajos del think tank New Direction, de Bruselas, apuntan que nuestro país perdería hasta 81.000 empleos como consecuencia de la introducción de una medida así.