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Carmena quiere recuperar la Operación Campamento... pero bloquea el 83% de sus viviendas

Carmena ha hecho saber que su propuesta de reactivación de la Operación Campamento sería "netamente pública".

Carmena ha hecho saber que su propuesta de reactivación de la Operación Campamento sería "netamente pública".
Manuela Carmena | EFE

El Ayuntamiento de Manuela Carmena lleva tres años encareciendo el precio de la vivienda en Madrid a base de restringir la oferta, favorecer a colectivos okupas, aumentar los impuestos inmobiliarios, encarecer las licencias de obra y restringir los pisos turísticos. Ahora que la legislatura empieza a agotarse, la regidora comunista se ha sacado de la manga un nuevo proyecto: la resurrección de la llamada Operación Campamento.

Este proyecto nació a finales de los años 80, cuando se planteó un nuevo uso para estos terrenos militares ubicados al suroeste de Madrid. La propuesta despertó un gran interés mediático, pero terminó guardada en un cajón hasta 2005, cuando el Ayuntamiento suscribió un convenio con el ministerio de Defensa que parecía desbloquear la actuación.

Sin embargo, la falta de acuerdo entre las partes volvió a dejar el proyecto en stand by. Cierto es que en 2011 y 2013 se constituyeron grupos de trabajo orientados a revitalizar la Operación Campamento, pero una vez más faltó voluntad política para sacar adelante la transformación de estos terrenos.

Ante las crecientes críticas por el encarecimiento de la vivienda, Manuela Carmena ha abierto la puerta a recuperar este proyecto urbanístico. Sin embargo, su consistorio ha planteado una Operación Campamento de mínimos que, además de limitar significativamente el alcance de la actuación, estaría cerrada a cualquier tipo de inversión privada.

Restringe la oferta de suelo

Vayamos a lo primero. Los terrenos de Defensa están divididos en dos. La zona A tiene luz verde del Ayuntamiento desde 2009, suma una extensión de 1,5 millones de metros cuadrados y está llamada a albergar más de 10.000 viviendas. La zona B tiene una dimensión mucho mayor, de 6,8 millones de metros cuadrados, por lo que cabría edificar alrededor de 50.000 domicilios.

Sin embargo, el consistorio no ha hecho nada en los tres últimos años para desbloquear esta segunda fase, de modo que ahora mismo no hay permisos urbanísticos para desarrollar vivienda en estos amplios terrenos. Por tanto, aunque la Operación Campamento puede llegar a movilizar 60.000 viviendas, las reglas de juego de Carmena limitan su alcance en un 83%, hasta dejar el proyecto cerca de los 10.000 pisos.

Incluso si somos menos ambiciosos y comparamos las intenciones de Carmena con la propuesta original de 1989, encontramos que la oferta de suelo ligada a la nueva Operación Campamento es un 50% más baja. Así, mientras que los primeros documentos hablaban de sacar al mercado 20.000 viviendas, el equipo de la alcaldesa comunista reduce aquella cifra a la mitad.

Veta la inversión privada

Entremos ahora en lo segundo. En 2015, el Grupo Wanda propuso al Gobierno de España y al Ayuntamiento de Madrid una gigantesca inversión de 3.000 millones con la que proyectaba una profunda transformación de la zona en cuestión. Los planes de la empresa china incluían viviendas, hoteles, espacios comerciales, locales de ocio, zonas verdes…

Sin embargo, el Grupo Wanda desistió a comienzos de 2016, tras comprobar que la subasta de terrenos propuesta por Defensa solo cubría 2 millones de metros cuadrados… pero también tras constatar que el Ayuntamiento de Madrid no le dio ningún tipo de apoyo a la hora de promover la reactivación del proyecto. No hay que olvidar que la empresa de Wang Jianlin lidió también con todo tipo de trabas municipales a la hora de diseñar su transformación del Edificio España, motivo por el cual terminó vendiendo este activo y renunciando a financiar una ambiciosa reforma de la Plaza contigua al inmueble.

Tras bloquear estas inversiones, Carmena ha hecho saber que su propuesta de reactivación de la Operación Campamento sería "netamente pública". De hecho, no solo no habría inversión privada, sino que apenas el 40% de las viviendas entrarían en el mercado bajo un régimen normal y corriente. El 60% restante, pues, correspondería a pisos vinculados a distintos programas de vivienda pública (precio limitado, vivienda de protección oficial, alquiler social…).

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