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El 70% de las subidas de impuestos de Sánchez e Iglesias recaen sobre la clase media y las pymes

El Plan Presupuestario enviado a Bruselas incluye un largo listado de incrementos fiscales que afectan a rentas medias y bajas y a pymes.

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Pedro Sánchez saluda a Pablo Iglesias | EFE

"Pagarán los ricos". Este es el mensaje que han repetido de forma insistente tanto el Gobierno del PSOE como Podemos en los últimos meses para justificar la histórica subida fiscal que quieren incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Sin embargo, una cosa es el discurso político y otra muy distinta la realidad que arrojan los números.

Y es que, a pesar de que los "ricos" son usados habitualmente como chivo expiatorio de las políticas fiscales, lo cierto es que su número es muy reducido en España. Apenas 91.000 contribuyentes ganan más de 150.000 euros al año, el equivalente al 0,46% del total, si bien aportan más de 8.000 millones en IRPF, el 11% de la recaudación que genera este tributo -con datos de 2016-.

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Asimismo, las grandes empresas (con más de 250 trabajadores) no alcanzan siquiera las 5.000, representando apenas el 0,16% del volumen total de sociedades que registra España, incluyendo autónomos sin asalariados

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Y dado que la cifra de ricos y grandes empresas es marginal, es evidente que el grueso de la recaudación fiscal sale del bolsillo de las clases medias y las pymes. El Plan Presupuestario 2019 que presentó el Gobierno el pasado lunes incide en esta misma senda, ya que buena parte de los impuestos acordados entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias afectan, de uno u otro modo, tanto a las rentas medias y bajas como a muchas pequeñas y medianas empresas, cuyas cuentas se verán resentidas el próximo ejercicio en caso de que los Presupuestos, cuya presentación definitiva se prevé para finales de noviembre o principios de diciembre, salgan adelante.

Tal y como refleja el Plan Presupuestario que se acaba de remitir a Bruselas, España cerrará con un déficit público del 2,7% del PIB este año, pero caerá al 1,8% en 2019, frente al objetivo inicial del 1,3% pactado entre el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y la Comisión Europea. Sánchez, por tanto, insiste en aprobar la misma senda fiscal que veta el Senado, donde el PP ostenta mayoría absoluta, ya que todavía confía en saltarse esa barrera.

Según recoge el texto, "la propuesta de senda está todavía pendiente de ser ratificada por las Cortes Generales [...] El Gobierno está actualmente trabajando para conseguir dicho apoyo. Una de las iniciativas que ha impulsado para lograrlo es la modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para corregir la situación anómala respecto a la tramitación de otras normas, de que el Senado tenga poder de veto".

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Para lograr ese objetivo de déficit del 1,8% en 2019, nueve décimas menos que este año, el Gobierno estima que los ingresos subirán del 38,5% del PIB al 39,1% (+0,6), mientras que el nivel de gasto bajará del 41,2% al 40,9% (-0,3 puntos). En términos nominales, esto significa que los ingresos crecerán en más de 26.000 millones de euros, hasta un total de 493.329 millones, un 5,7% más a nivel interanual, mientras que el gasto público subirá en cerca de 16.000, un 3,1% más, hasta superar los 515.000 millones, un nuevo récord histórico en ambos casos.

Y todo ello partiendo de la base de que la economía española crecerá un 2,3% el próximo año en términos reales y un 4,1% en términos nominales, razón por la cual el Gobierno confía en que el porcentaje de gasto sobre el PIB baje el próximo ejercicio, dado que aumentará menos que el PIB nominal.

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Así pues, PSOE y Podemos confían el cumplimiento del déficit a un incremento histórico de la recaudación, fruto, a su vez, de la recuperación del PIB y de las fuertes subidas de impuestos acordadas por ambas formaciones. Según el citado Plan, cerca del 60% de esta mayor recaudación derivará de la buena marcha de la economía, mientras que el 40% restante procederá de las nuevas alzas fiscales.

En lo que respecta al Gobierno central -dejando al margen las decisiones que puedan adoptar CCAA y ayuntamientos-, "las medidas incluidas en el Borrador de Plan Presupuestario supondrían un aumento de la recaudación cercana a 7.400 millones €. De esa estimación, 5.678 millones € proceden de medidas tributarias, 200 millones € al incremento de otros ingresos corrientes, y los 1.500 millones € restantes al aumento de las cotizaciones sociales derivado de la subida en 2019 del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros", tal y como especifica el texto.

La cuestión es que de esos 7.400 millones citados, más de 5.000 recaen, de una u otra forma, sobre las clases medias y bajas y las pymes. Es decir, el 70% de las subidas de impuestos anunciadas por PSOE y Podemos afectan al grueso de los contribuyentes y no a los tan denostados "ricos". En el siguiente listado, donde se incluye la mayoría de medidas fiscales, se observa que más de 3.400 millones de euros procederán de la población en general, a los que hay que sumar las subida de cotizaciones (+1.500 millones) y el aumento de otros ingresos corrientes (+200 millones).

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Subidas que afectan a los "ricos"

- Impuesto de Sociedades: el Gobierno reducirá en un 5% las exenciones a los dividendos y plusvalías generados en el exterior. También exigirá una tributación mínima (cuota líquida mínima) de un 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades, y del 18% en caso de bancos y petroleras, con cifra de negocios igual o superior a 20 millones de euros. La combinación de ambas medidas tendrá un impacto recaudatorio de 1.775,5 millones. Por el contrario, el tipo nominal bajará del 25% al 23% para empresas que facturen menos de un millón de euros al año.

- IRPF: se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros (47%) y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros (hasta el 49%) Asimismo el tipo estatal sobre la base del ahorro se incrementará en cuatro puntos porcentuales para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros (el tipo sube al 27%). Se estima que la recaudación subirá en 328 millones.

- Impuesto de Patrimonio: se incrementa un 1% el tipo aplicable a patrimonios superiores a 10 millones de euros, con un impacto esperado de 339 millones.

- Lista de morosos: se amplía el listado de deudores tributarios, reduciendo el límite para ser incluido de 1 millón a 600.000 euros. El impacto estimado es de 110 millones.

Subidas para rentas medias, bajas y pymes

- Transacciones financieras: se gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, siempre y cuando el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a 1.000 millones de euros. Esto afecta a todos los inversores en Bolsa española, incluyendo millones de particulares. Su impacto se estima en 850 millones de euros.

- Servicios digitales: se crea un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar ingresos obtenidos en España por empresas tecnológicas cuya cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel global y los 3 millones en España. Se aplicará un tipo del 3% a los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación y la venta de datos proporcionados por el usuario. Su coste será repercutido, de uno u otro modo, al usuario de servicios digitales. Se estima una recaudación de 1.200 millones.

- Fiscalidad verde: la tributación sobre los hidrocarburos será de unos 38 euros por cada mil litros en el caso del diésel (casi cuatro céntimos por litro). "La medida incrementa en mayor medida el tipo impositivo del gasóleo para automoción ya que su consumo está más extendido y provoca las mayores emisiones de gases contaminantes", según el texto. El incremento de la recaudación, IVA incluido, ascendería en torno a 670 millones de euros.

- Medidas contra el fraude: se reducen los límites cuantitativos de la prohibición de pagos en efectivo, pasando de 2.500 a 1.000 euros, cuyo impacto fiscal se estima en 218 millones; también se pretende reforzar la lucha contra el fraude fiscal, que afecta, igualmente, al conjunto de los contribuyentes, con un impacto de 500 millones.

- Cotizaciones sociales: subir el salario mínimo a 900 euros, un 22% más, también ensancha las bases mínimas de cotización, de modo que muchos autónomos y las empresas que pagan menores sueldos afrontarán una mayor factura fiscal. En concreto, los autónomos que menos ganan (1,7 millones) verán elevada su cuota en 420 euros al año (de 278 a 312 euros al mes), y lo mismo pasará con los cerca de 1,5 millones de asalariados situados en las bases mínimas, cuyo coste laboral se disparará otro 22% para las empresas, en su inmensa mayoría pequeñas y medianas (pymes). El Gobierno estima un aumento de recaudación próximo a 1.500 millones de euros gracias a esta subida. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo matizaron el martes que esta subida a los autónomos será compensada con el nuevo régimen, según el cual cotizarán en función de sus ingresos reales, y no por la base mínima, a partir del próximo enero. Y si, por algún motivo, dicha reforma no entrara en vigor en el plazo previsto, el Ejecutivo desvinculará la subida del SMI de la cuota mínima. Pese a ello, el actual borrador de PGE no aclara nada al respecto.

- Otros ingresos corrientes: el resto de medidas que contempla el Plan Presupuestario, especialmente en materia de tasas, rondará los 200 millones adicionales y tampoco afectará en exclusiva ni a las rentas altas ni a las grandes empresas.

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