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Barcelona registra una avalancha de peticiones de obra para sortear la nueva expropiación de Colau

El Ayuntamiento de Barcelona carga contra los promotores.

El Ayuntamiento de Barcelona carga contra los promotores.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona | EFE

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó una normativa en junio mediante la cual las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones deben reservar un 30% del espacio para viviendas sociales. En la misma norma, se establece un periodo de seis meses en los cuales las licencias concedidas entre junio y diciembre no tienen la obligación de reservar ese 30%. El resultado ha sido abrumador, ya que se han disparado la petición de licencias de obra en estos meses para esquivar la nueva expropiación de Ada Colau.

De junio a septiembre, el Ayuntamiento ha registrado entre 50 y 60 solicitudes más que en el mismo periodo del año anterior, hasta un total de 553, informa La Vanguardia. El incremento de certificados de aprovechamiento urbanístico ha alcanzado los 591 en junio, triplicando los 206 concedidos en los mismos meses de 2017.

El Ayuntamiento culpó el pasado lunes a la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) de ser la responsable de que se hayan disparado las solicitudes. Tanto la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, como la alcaldesa, Ada Colau, lamentan que esta patronal enviase una circular a sus más de 1.000 empresas asociadas animándolas a solicitar cuanto antes el certificado de aprovechamiento urbano, previo paso a la licencia de obras.

Por su parte, los promotores han respondido al Ayuntamiento argumentando que llevan años levantando vivienda social y que siempre se han mostrado dispuestos a colaborar con la administración pública.Sin embargo, señalan que "ni la legislación urbanística estatal ni la catalana habilitan al Ayuntamiento de Barcelona a aplicar esta nueva regulación", que consideran que "no constituye una solución real para el problema de acceso a la vivienda en Barcelona".

Todavía en el aire

Janet Sanz ha recordado que para que la norma del 30% entre en vigor debe abordarse en la subcomisión de Urbanismo de la Generalidad, lo cual espera que suceda en breve. Barcelona En Comú lamenta que el PSC y ERC pidieran dar un margen de seis meses para incluir el nuevo requisito del 30% de vivienda social en las licencias de obra.

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