El nuevo golpe judicial que ha asestado el Tribunal Supremo a los bancos ha causado un grave terremoto en el sector financiero. No es para menos. La sentencia conocida el pasado jueves dictamina que es la entidad, y no el cliente, quien tiene que abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, desatando con ello una avalancha de reclamaciones cuyo impacto, todavía impreciso, asciende a varios miles de millones de euros. De hecho, el coste estimado para la banca bien podría superar al de la anulación de las cláusulas suelo.
La reacción de los mercados no se hizo esperar. Las acciones de las principales entidades del país se hundieron el pasado jueves, aunque recuperaron terreno en la jornada posterior, tras conocerse que la sentencia en cuestión será revisada por el pleno del Tribunal Supremo para ver si, finalmente, es o no ratificada. Sea cual sea la decisión definitiva de los jueces, la gran incertidumbre jurídica que ha experimentado el sector en los últimos años pasará una elevada factura al conjunto del mercado hipotecario, de una u otra forma, con todo lo que ello supone para los españoles que quieran comprar una casa en el futuro.
Lo primero que llama la atención de esta sentencia es el radical cambio de criterio que aplica el juez, puesto que hace apenas seis meses el Supremo se pronunció en sentido contrario, tras ratificar que el hipotecado es el sujeto pasivo de dicho tributo, tal y como fijaba la normativa vigente hasta ahora. La incertidumbre es total, y no solo para la banca, sino también para los hipotecados, puesto que se abre un nuevo frente jurídico para dilucidar quiénes y cómo deberán efectuar las devoluciones pertinentes. Por el momento, algunas entidades financieras ya han ordenado que se paralice la concesión de nuevas hipotecas hasta que se aclare la situación.
En todo caso, se da por hecho que, si bien muchos hipotecados podrán recuperar el impuesto abonado, este nuevo coste será trasladado a las futuras hipotecas en forma de nuevas comisiones o tipos de interés más altos. Es decir, los españoles que, a partir de ahora, quieran comprar una vivienda a través de un préstamos lo tendrán mucho más difícil. Es el precio a pagar por la inseguridad jurídica. No en vano, no es el primer golpe que recibe el sector financiero, tanto a nivel político como judicial. La moratoria de embargos hipotecarios decretada por el anterior gobierno, así como la polémica anulación de cláusulas suelo y otros gastos de formalización, cuyo contenido no está exento de críticas, han disparado la incertidumbre y, por tanto, los riegos a la hora de otorgar nuevas hipotecas.
España es un país de propietarios, ya que más del 80% de la población posee, al menos, una vivienda, a diferencia de otros países ricos. Y ello, en parte, es gracias a la gran seguridad jurídica que existía en el mercado hipotecario. El populismo político y judicial que se ha ido extendiendo en los últimos años en contra de la actividad bancaria lastrará al sector hipotecario, dado que se acabarán endureciendo de forma sustancial las condiciones para acceder a este tipo de préstamos. Cuando, dentro de unos años, el acceso a las hipotecas sea mucho más difícil y costoso para buena parte de los españoles, los populistas de entonces culparán a la banca privada y, posiblemente, abogarán por la creación de una nueva y ruinosa banca pública, sin reparar lo más mínimo en que los auténticos culpables son, única y exclusivamente, los populistas de hoy.