Preferiría pensar que no, pero dado que, con cualquier denominación, tal organismo es propio de dictaduras, quién sabe lo que pueda ocurrir en nuestra España de hoy.
Los más jóvenes, incluso los no tan jóvenes, probablemente no sabrán de qué les hablo, porque, afortunadamente, hace ya mucho tiempo que desapareció todo lo relacionado con el problema que se trataba de resolver.
Nunca pensé que fuera a hablar de ello, pero las propuestas del Gobierno y sus socios, además de ese desmedido interés de que recordemos a don Francisco Franco, me ha llevado a recordar también una creación suya, con la pretensión de proteger, como todos dicen, a los que menos tienen.
La Fiscalía Superior de Tasas fue creada por ley el 30 de septiembre de 1940. Su misión era, vigilar y hacer cumplir las condiciones impuestas a un mercado, de suyo imposible en tales circunstancias.
Es verdad que los mercados en la España del año cuarenta eran prácticamente inexistentes, más aún los de bienes de primera necesidad. De aquí que resultase muy sencillo mostrar a los más desvalidos como objeto de la norma.
¿Qué tiene que ver aquello con la España de 2018? La semejanza no es sólo aparente. Por un lado, tanto en el cuarenta como en la actualidad, hay iluminados en el Gobierno que piensan que el precio de cualquier bien se puede imponer por una disposición, de espaldas a lo que ocurra en su mercado.
Entonces eran la harina, el aceite, el arroz… bienes de primera necesidad, y hoy son los arrendamientos de viviendas, también de primera necesidad; siendo los más afectados, entonces como ahora, los más necesitados.
Ya entonces aprendieron los gobernantes, cosa que no han hecho los actuales, que fijar precios máximos es abrir la puerta a mercados informales, es decir, a transacciones ilegales (?), donde el precio real es el del mercado y no el legal.
Me refiero a la aparición espontánea del popularmente conocido como estraperlo. Un mercado ilegal de bienes, con precio máximo fijado normativamente, que proporcionaba a sus mercaderes cuantiosos beneficios, a cambio de la carencia de aquellos mismos bienes para ser vendidos a precios legales.
La vigilancia y sanción de tales actividades fraudulentas se le confió a la Fiscalía Superior de Tasas. ¿Habrá que volver a ella para garantizar los precios máximos de los arrendamientos?
Por otro lado, y esto se aprendió ya entonces, la forma de conseguir precios bajos es actuando vía oferta y no vía precios. Aumentar la oferta, hasta importando lo necesario, era la forma eficaz de mantener precios bajos.
La aceptación de este principio no se produciría hasta principios de los sesenta, cuando Alberto Ullastres haría jugar al mercado en lugar de al BOE.
¿Y ahora qué? Mientras la repercusión del suelo sea tan elevada sobre la construcción, sólo una liberalización del suelo disminuiría el coste de la vivienda y, con él, el precio del arrendamiento.
¡Los ayuntamientos tienen la palabra!