La polémica sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las hipotecas, que determinó el pasado jueves que tiene que ser la banca (y no los clientes) la que abone el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, ha golpeado al sector financiero. Pero ayer viernes el Supremo se desdijo con la publicación de un comunicado en el que explica que avocará a un Pleno compuesto por más de 30 magistrados para revisar realmente a quién corresponde pagar este tributo.
Lo hace, según explicó en una nota el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, por tratarse la decisión conocida ayer de un "giro radical" en la jurisprudencia y habida cuenta de "su enorme repercusión económica y social".
Pendientes de esta revisión, muchos son los hipotecados que han costeado de su bolsillo este impuesto y que podrían reclamar a las entidades financieras su devolución. En Finect han puesto a su disposición una calculadora para que los clientes tengan una estimación de cuánto dinero podrían recuperar. Rellenando una serie de datos podrían obtener una cifra aproximada.
Por ejemplo, al propietario de una vivienda que costara 189.000 euros de segunda mano en la Comunidad de Madrid, que la adquiriera con una hipoteca de 120.000 euros firmada este año y con una comisión de apertura del 1%, le tendrían que devolver 1.350 euros.
Tal y como explican los expertos, como esta hipoteca se firmó hace menos de 4 años, pueden reclamarla directamente a Hacienda. En los casos donde se escrituraran anteriormente a septiembre de 2014, puede que haya prescrito el derecho a esta devolución. Según las primeras estimaciones, el impacto económico del fallo del Supremo oscila entre los 4.000 y 9.000 millones de euros. Hacienda deberá hacerse cargo en primera instancia para luego, si así lo decide, pasar la factura a los bancos.