Semana negra para las multinacionales que operan en España. Los cierres anunciados de las fábricas de Alcoa y Cemex van a suponer un duro golpe para la industria de nuestro país, que va a ver cómo estas compañías se marchan a otros destinos más competitivos.
Fue el pasado jueves cuando la estadounidense productora de aluminio Alcoa explicó su intención de echar el cierre de sus plantas de Avilés y La Coruña debido a su "improductividad". Esto supondrá el despido colectivo de 686 trabajadores.
Según afirmó la compañía en un comunicado, estas fábricas no consiguen ser rentables debido a problemas estructurales productivos y tecnológicos como su "menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos". A esto hay que sumarles factores externos de mercado, como la "sobrecapacidad de producción de China", el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos dos años, pérdidas "que previsiblemente continuarán en el futuro", alertó.
Por tanto, la empresa sólo mantendrá su actividad en una sola planta en España. Será la de San Ciprián, también en Galicia. Las ventas de Alcoa en nuestro país alcanzaron el pasado año los 2.861 millones de euros, más de un 28% del total de su negocio en todo el mundo.
La otra que ha decidido recortar su actividad en nuestro territorio ha sido la cementera Cemex. La compañía mexicana ha anunciado el cierre de dos de las siete fábricas de cemento que tiene en España. Las dos fábricas afectadas son la Gádor, en Almería, y de Lloseta, en Baleares. Ambas suman 200 trabajadores, que serán despedidos. Además, el ajuste que abordará implica también el cierre de otros centros de trabajo, de determinadas oficinas comerciales y a las oficinas corporativas centrales.
Cemex ha atribuido este ajuste a la actual coyuntura del sector de la construcción, especialmente de grandes infraestructuras, y a la nueva regulación sobre derechos de emisión de CO2, ligada a la energía, que entrará en vigor en Europa en 2020.
Compañías muy sensibles al precio de la electricidad
El elevado coste de la energía está entre los argumentos que esgrimen ambas compañías para cerrar sus negocios en España. Tan grave es el asunto, que la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) ya se ha pronunciado sobre la situación que atraviesa gran parte de la industria electro-intensiva española, empresas siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y de gases industriales.
Estas industrias, "que suponen el 11% de toda la demanda española de energía eléctrica", alertan de "la amenaza que el encarecimiento de los precios eléctricos en el mercado diario, y su previsible evolución futura, supone para la economía de nuestro país". El motivo es que "son industrias son extremadamente sensibles al coste del suministro eléctrico, que supone hasta el 50% de sus costes de producción, por lo que un encarecimiento en el mismo conlleva de inmediato una pérdida real de competitividad industrial".
En 2018, la evolución del precio del mercado eléctrico español ha sido alcista (pese a las lluvias), "alcanzando hasta el 12 de octubre un precio medio de 55,9 €/MWh, es decir un encarecimiento del 10% con respecto a igual periodo de 2017". Si tenemos en cuenta la evolución de los futuros hasta fin de año, "el panorama es desalentador: el precio medio anual previsto para 2018 se situará en 58,2 €/MWh, un 12% más que un año antes y un 28% más caro que el de nuestros competidores alemanes", explican desde Aege.
"Mientras los productos industriales se comercializan en mercados internacionales, la electricidad lo hace en mercados locales o regionales, lo que nos supone un encarecimiento de la factura eléctrica. Los esfuerzos y medidas de eficiencia e innovación que aplican nuestras industrias desde hace años no pueden compensar estas grandes diferencias entre los precios eléctricos españoles y los de nuestros competidores", denuncian.
Esta versión contrasta con la del Ejecutivo socialista. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, afirmó que la decisión de la multinacional Alcoa de cerrar sus plantas en Avilés y La Coruña "no tiene nada que ver" con el coste del precio de la electricidad y ha dicho que el Ejecutivo va a trabajar "denodadamente" para que la empresa revierta su decisión. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Celaá manifestó que el Gobierno "no da por buena" la decisión de Alcoa y ha insistido en que el Ejecutivo la deslinda "absolutamente" del precio de la electricidad.
Cierran más empresas, pero impiden abrir otras
Pero Alcoa y Cemex no son las únicas que han anunciado la paralización de su actividad en España en los últimos tiempos. La multinacional de aerogeneradores Vestas informó en agosto de que llevaría a cabo el "cierre total" de su planta en León
"La reciente evolución del mercado ha visto una disminución de la demanda de la turbina eólica de 2 MW en Europa, mientras que la demanda de la turbina de 4 MW en la región puede satisfacerse con una menor capacidad que la que actualmente proporcionan las fábricas de nacelles en Europa", explicó el grupo danés en un comunicado. El cierre afecta a 362 empleados.
Esta situación contrasta con la decisión de esta semana del Gobierno de Sánchez, que ha impedido la apertura de la mina de Uranio que Berkeley Energía tenía proyectada en Retortillo (Salamanca), una de las zonas con más desempleo juvenil de la Unión Europea. El proyecto consiguió las autorizaciones preliminares en 2013, pero desde entonces se enfrenta a la oposición de diferentes grupos locales y trabas administrativas.
Al coste de la energía, la industria, esta vez del automóvil, está sufriendo la demonización del diésel, que está empezando a notarse en las plantas españolas. La subida de los impuestos a este carburante anunciada por Pedro Sánchez y las barreras para entrar en el centro de las ciudades, que están poniendo algunos ayuntamientos, ha provocado la caída de ventas de vehículos diésel.
Compañías como Mercedes-Benz o Ford ya han avisado de que van a reducir la producción en sus plantas de Vitoria y Valencia, respectivamente. En términos de empleo directo, el impacto sería de 12.800 empleos, aunque teniendo en cuenta la red de empresas con las que trabajan estaríamos hablando de 50.000 empleos.