La penúltima ocurrencia del Gobierno socialista consiste en disparar la cotización social máxima hasta un 12% con el fin de recaudar unos 1.100 millones de euros más al año y, de este modo, paliar el enorme déficit que acumula el sistema público de pensiones, cuyo volumen ronda los 20.000 millones y creciendo. Esta medida se suma a la larga lista de subidas fiscales que pretende aprobar el PSOE y Podemos a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, además de incidir en el erróneo y perjudicial incremento de las bases mínimas de cotización.
Esto, en número redondos, significa que los asalariados y profesionales que coticen por la máxima pagarán más de 150 euros al mes a la Seguridad Social, mientras que los autónomos y trabajadores con los sueldos más bajos, encuadrados en la base mínima, tendrán que abonar entre 40 y 60 euros adicionales. Dado que una parte de estas cotizaciones corre a cargo del asalariado, esta subida fiscal se traducirá en un recorte de sueldos, cuya intensidad será todavía mayor en el caso de los autónomos, mientras que las empresas sufrirán un sustancial encarecimiento de los costes laborales, lo cual afectará a su margen de beneficios y, por tanto, a su capacidad para aumentar la inversión, contratar más personal o subir retribuciones.
En definitiva, socialistas y podemitas asestarán un fuerte golpe a los sueldos de los trabajadores, al tiempo que lastrarán la creación de empleo. Casi un tercio del sueldo real de los españoles se va en cotizaciones sociales, razón por la cual muchos se quejan, con razón, de sus bajas retribuciones netas. Bastaría con que el Gobierno redujese esta carga para que, automáticamente, ingresasen más en sus cuentas bancarias, pero lejos de imitar esta saludable política fiscal, a imagen y semejanza de lo que sucede en otros países de Europa, el PSOE aboga por meter aún más la mano en el bolsillo de los contribuyentes.
Y todo ello en un contexto de clara desaceleración económica y creciente desconfianza por parte de consumidores e inversores, de modo que sus efectos serán mucho más perjudiciales. Este particular expolio fiscal confirma, una vez más, la gran mentira que urdieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en torno a su plan presupuestario, dado que, según anunciaban hasta hace poco, las subidas de impuestos serían sufragadas por los ricos y las grandes empresas. La realidad, sin embargo, es que más del 70% de los incrementos tributarios anunciados por el Gobierno recaerán sobre los sufridos hombros de las clases medias y bajas, así como de las pymes.
Las patronales calculan que la subida de las cotizaciones máximas costará cerca de 1.700 millones de euros a las empresas, mientras que el aumento de las mínimas se estima en otros 1.500 millones para autónomos y pymes. En total, más de 3.000 millones de euros en subidas fiscales sobre el trabajo que, de una u otra forma, se traducirán en más paro y menos creación de empleo.
El origen del problema radica en la irresponsable subida de las pensiones que han llevado a cabo tanto PP como PSOE, en lugar de impulsar nuevas reformas estructurales para transitar hacia un nuevo modelo mixto o de capitalización, capaz de garantizar tanto un retiro adecuado como la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Igualmente, España debería plantear una reforma en profundidad del sistema tributario para rebajar la carga fiscal, especialmente sobre el trabajo. Por desgracia, nada de esto sucederá con Sánchez en la Presidencia. La única política presupuestaria de PSOE y Podemos consiste en sangrar a familias y empresas para engordar las arcas públicas con el objetivo de comprar votos y repartir favores a fin de mantenerse en el poder. Simplemente, la ruina.