El Congreso convalidó el pasado jueves el Real Decreto Ley que permite eliminar licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a empresas como Uber y Cabify, si bien abrió la puerta a que los grupos políticos introduzcan cambios en la norma, ya que, finalmente, se tramitará como proyecto de ley.
El sector está agitado. Las consecuencias podrían ser desastrosas para las cuentas de las plataformas digitales, pero aún peor para sus 15.000 trabajadores que se quedarían sin ingresos que llevar a casa. El miedo entre los conductores de VTC se ha extendido, y con razón. El Gobierno abre la puerta a que, dentro de cuatro años, los ayuntamientos puedan limitar e incluso suprimir vehículos de VTC en cada una de sus ciudades.
En ese plazo, todas las actuales licencias de VTC, unas 12.100 en todo el país, la mitad de ellas en Madrid, podrían perder la habilitación para prestar servicio urbano. A partir de ese momento, corresponderá a cada ayuntamiento decidir si otorga licencias urbanas de VTC y en qué cuantía. En ese caso, las empresas del ramo deberán solicitar esas autorizaciones para operar dentro de las ciudades.
El Decreto establece esa moratoria de cuatro años a las licencias VTC a modo de indemnización para que sus titulares puedan amortizar la inversión que realizaron en ellas y sus vehículos. La nueva norma también permitirá a comunidades autónomas y Consistorios entrar a regular la prestación de los servicios de las empresas como Uber y Cabify, al igual que ya hacen con el taxi.
"Iremos al paro"
Los conductores de Uber y Cabify han decidido llamar la atención al Gobierno de Pedro Sánchez a través de diferentes testimonios audiovisuales. En sus vídeos, transmiten a los socialistas la tragedia que podría suponer la aplicación de de dicho plan. Su sustento económico está en juego. Miguel Ángel Martín cuenta cómo "estuvo 29 años en la NCH Española, donde era gerente de ventas y luego no encontraba nada que le cuadrara". Él mismo, bastante apurado, pone de relieve que "gracias a Uber puede llevar un sueldo seguro a casa".
César Morales denuncia que si se expropian las autorizaciones la situación va a ser caótica: "Muchos de nosotros nos quedaríamos en la calle y tendríamos muy difícil el reubicarnos en otros puestos de trabajo".
Al igual que sus compañeros, Ricardo Sánchez, jefe de equipo y conductor de VTC, se queja de que "a su edad las puertas se van cerrando", y agradece que en las empresas de VTC "no se mire la edad". Además, denuncia cómo va a perjudicarlos la nueva ley: "Si se expropian las licencias, a mí y a miles de compañeros y familias que hay detrás los van a dejar sin trabajo".
José Luis Gallego recuerda su vida anterior: "Yo trabajaba como detective privado y fui al paro. Para mí esta oportunidad ha sido volver a la vida. Yo ya tengo 58 años, no sé lo que hubiera pasado conmigo. Y como yo, muchos", añade.
Una mujer, María Martín, otra de las posibles afectadas por la restricción de Sánchez, manifiesta cómo la crisis acabó con su puesto como decoradora en una tienda. "La empresa cerró uno de los locales y me despidieron después de 18 años. Estuve un año y medio en paro. Estaba en un momento de mi vida que, con mi edad, me veía ya fuera del mercado laboral", refleja la conductora. Y, al igual que estos, otros miles de conductores de VTC temen que su puesto de trabajo tenga, a partir de ahora, los días contados por una decisión política.