El pacto presupuestario entre PSOE y Podemos ha hecho saltar las alarmas del sector inmobiliario, donde millones de propietarios van a enfrentar un tratamiento regulatorio mucho más desfavorable. Una de las medidas anunciadas por socialistas y comunistas pasa por limitar las garantías que se puede exigir a los arrendatarios y que ahora quedan limitadas a dos mensualidades de fianza.
En realidad, si repasamos los datos que ofrece los portales inmobiliarios, podemos comprobar que la gran mayoría de contratos se cierra con apenas un mes de mensualidad como fianza. Para ser precisos, el 77% de los acuerdos se firmó bajo estas condiciones, en línea con las bases generales de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Dicha norma permitía hasta ahora que las partes fijasen voluntariamente cualquier otra garantía adicional. El objetivo, como es lógico, es asegurar el cumplimiento del contrato de alquiler y así minimizar riesgos para los propietarios. Apenas un 23% de los contratos cerrados durante el último ejercicio han contemplado garantías adicionales al pago de una mensualidad como fianza.
Por tanto, parece evidente que simplemente en casos muy concretos se opta por añadir alguna condición extra como base para el acuerdo de alquiler. No en vano, en quince grandes capitales españolas vemos que más del 90% de los contratos se cierran con apenas un mes de fianza. Es el caso de Ciudad Real, Jaén, Salamanca, Granada, Cáceres, Córdoba, Cádiz, Santander, Lérida, Sevilla, Orense, Badajoz, Albacete, Lugo y Cuenca.
La exigencia de una segunda mensualidad como fianza adicional responde, por tanto, a casos muy puntuales. Hablamos de mercados más dinámicos y complejos, como Madrid, Palma de Mallorca o Barcelona, donde el porcentaje de alquileres firmados con una fianza de dos meses asciende, respectivamente, al 23%, 30% y 37% del total.
La nueva regla que pretenden impulsar PSOE y Podemos evitaría que se exijan más de dos meses. Esta casuística es muy puntual y apenas se da en los mercados más complejos del sector. Sin embargo, el volumen de contratos cerrados con este tipo de condiciones se mueve en tasas residuales de apenas un 2,4% a nivel nacional.
A la cabeza en la exigencia de más de dos mensualidades como fianza aparece Vitoria, donde dichas garantías están presentes en el 5,8% de los contratos de alquiler. En Palma de Mallorca, este porcentaje es del 5%, mientras que San Sebastián se mueve en el 4,4%, Madrid alcanza el 3,8%, Soria llega al 3,6% y Barcelona se anota un 3,5%.
Como es evidente, los propietarios de vivienda quieren aminorar el riesgo asociado a todo contrato de alquiler. No hay que olvidar que España está a la cola de Europa en protección de la propiedad privada y que las condenas por delitos de okupación se han multiplicado por doce. Ante semejante panorama, parece razonable que el arrendador pueda blindarse ante posibles situaciones irregulares o costes inesperados.
Sin embargo, los datos del mercado dejan claro que no hay un problema generalizado en relación con las fianzas y que, en la gran mayoría de los casos, los acuerdos se cierran con apenas una mensualidad como requisito.