El Gobierno prepara el enésimo hachazo al contribuyente. De nuevo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto en su punto de mira a las herencias. Fue hace dos semanas cuando el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas, y no todas han salido a la luz hasta ahora.
Entre las más novedosas está la de la plusvalía del sucesor, tal y como ha publicado Cinco Días. El objetivo del Gobierno es acabar con la elusión fiscal en las herencias en vida, asegura el diario, y para ello, va a impedir que cuando un contribuyente reciba el patrimonio de su familiar no pueda venderlo de inmediato sin pagar la plusvalía.
Para entender, lo que se hacía hasta ahora, el diario de Prisa pone un buen ejemplo: hoy día, un padre interesado en vender un inmueble verá gravada la plusvalía que obtenga, pero si firma en vida un pacto sucesorio por el cual lo cede a su hijo, este podrá venderlo inmediatamente por el mismo precio al que se valore en el contrato y no se generaría plusvalía por la que tributar (porque el precio es el mismo).
Lo que quiere hacer Hacienda es que el bien heredado tenga el precio inicial que abonó el padre y así el hijo tendría que pagar los impuestos correspondientes por la ganancia que genere su venta. "En la actualidad", dice la memoria de la norma elaborada por la Dirección General de Tributos, "se ha detectado un mayor número de operaciones en las que, una vez recibidos los bienes a través del pacto sucesorio, son enajenados por los nuevos propietarios".
Esta medida afectaría a las regiones donde estos pactos están permitidos, que son País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares o Galicia.
A través del mismo anteproyecto de Ley donde está incluida esta medida, el Ejecutivo también pretende cambiar el marco legal del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La finalidad es hacer tributar a los inmuebles por su "valor real" y no por el valor de mercado que declaran los contribuyentes. Así, los impuestos se pagarán sobre el valor estimado por la Administración y no por el desembolsado realmente.