Coloquialmente, llamamos okupación a la triste práctica de tomar una vivienda por la fuerza. Formalmente, la ley codifica formalmente dicha práctica como delito de usurpación. Esta infracción tiene consideración leve y está penada con penas que se mueve entre los tres y seis meses de privación de libertad.
En los últimos años, el movimiento okupa ha expandido notablemente su actividad delictiva. El Instituto Cerdá y el Colegio de Agentes de la Propiedad elevan a casi 90.000 el número de domicilios usurpados en España, una cifra tan abultada que ha terminado motivando la aprobación de una ley de desahucio exprés pensada para inmuebles en esta situación.
Aunque el movimiento okupa suele justificarse apelando a la supuesta situación de emergencia social por la que pasan quienes usurpan inmuebles, los datos que manejan la policía y la guardia civil son muy distintos. En Madrid, por ejemplo, tres de cada cuatro okupas tiene vínculos con bandas criminales. Además, un 40% tiene antecedentes delictivos.
Libre Mercado ya explicó en su momento que una mayor eficiencia por parte de las autoridades puede ayudar a agilizar la resolución de este tipo de incidencias. Entre 2015 y 2017, la Delegación de Gobierno en la capital de España logró reducir de dos años a dos meses el plazo medio de recuperación de viviendas okupadas.
Obviamente, dos meses siguen siendo demasiado, pero hay que recordar que esta mejora se produjo sin cambios legislativos y obedeció simplemente a una mayor celeridad en los trámites de respuesta de las instituciones públicas. Por tanto, el éxito en la lucha contra losokupas no puede quedarse solo en lo tocante a la aplicación de la nueva ley, sino que también exige un cambio de funcionamiento en los protocolos de las Administraciones Públicas, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los tribunales.
Pero, más allá de la necesaria resolución de estos episodios, ¿qué está pasando en los juzgados? ¿Aumenta o no el número de condenados por delitos de usurpación? Los datos de la Estadística de Condenados que elabora anualmente el INE certifican que la cifra total ha pasado de 1.700 a 6.800 entre 2013 y 2017.
Sin duda, hablamos de un aumento importante en el número de sentencias emitidas por los juzgados. No obstante, los 6.800 condenados de 2017 se quedan muy por debajo del alcance actual del problema, puesto que todas las estimaciones elevan a 90.000 el número de pisos que están okupados.
La nueva ley está empezando a andar y será necesario esperar algunos meses para sacar conclusiones. Sin embargo, los datos del INE apuntan que, con toda seguridad, será necesario seguir reforzando con nuevas actuaciones legales y judiciales la lucha contra la usurpación de viviendas.