La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo continúa este martes a las 10 horas el debate sobre el impuesto de las hipotecas. Según fuentes del Alto Tribunal, siguen abiertas todas las posibilidades teniendo en cuenta la disparidad de criterios entre los 28 magistrados que participan. Está sobre la mesa la revisión de la doctrina establecida el pasado 18 de octubre por la Sección Segunda que obliga a los bancos y no a los clientes –como ocurría hasta ahora– al pago del tributo derivado de la inscripción de la hipoteca ante notario. También la posible retroactividad de la resolución que afecta directamente a las entidades financieras.
Se discute sobre el sujeto de pago del importe –de entre el 0.5 y el 1.5% del total de la hipoteca, en función de cada Comunidad Autónoma– y sobre el periodo en el que los clientes estarían habilitados para la reclamación del mismo si finalmente son los bancos los que adquieren la obligación. Y ninguna de las cuestiones están claras.
La ponencia de las resoluciones recaerá a priori en los magistrados Nicolás Maurandi y Francisco José Navarro Sanchís, dos de los mayores expertos en tributos del Supremo, que defienden fervientemente el establecimiento de la nueva doctrina. Será así salvo que triunfe el postulado contrario, que han abanderado otros compañeros de la Sala, según fuentes presentes en el Pleno.
La sensación de que la imagen del Supremo está muy deteriorada y de que se juega mucho y el hecho de que corregir en una decisión a favor del cliente dos semanas después de su implantación generaría aún más desconfianza en la institución, también están dilatando el tiempo de respuesta porque los magistrados quieren ser muy cuidadosos.
El Pleno cuenta con la participación de 28 de los 31 magistrados que conforman la Sala III del Alto Tribunal. Tres se han ausentado por diferentes motivos: en el caso de Rafael Fernández Valverde, se encuentra en medio de un viaje programado con anterioridad; Segundo Menéndez es miembro de la Junta Electoral Central que este lunes se ocupa de asuntos relacionados con las elecciones autonómicas andaluzas; y Octavio Herrero se ha apartado porque vive en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, cuyo Ayuntamiento actúa como recurrente en uno de los recursos en cuestión que se abordan, además de que sus hijos disfrutan allí de una residencia de protección.