Si, como dice el dicho, bien está lo que bien acaba, cabría saludar la sentencia del Tribunal Supremo que ha rectificado el demagógico disparate jurídico y económico cometido hace escasos quince días por su Sala Tercera, cuando sentenció, contrariando la ley y la jurisprudencia de los últimos 23 años, que fueran los bancos y no los clientes los que abonaran el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD).
Pero es que resulta bochornosa la imagen que ha dado el TS; más aun si se tiene presente que 13 de los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo aun insistían en que fuera la banca y no los clientes la que pagara un impuesto que, por ley y por jurisprudencia, corresponde abonar al prestatario y no al prestamista. El lamentable cruce de acusaciones entre los que sostienen que unos magistrados se han dejado presionar por el populismo ambiental y quienes aseguran que otros han sucumbido ante el poder la banca no se habría producido si todos ellos se hubieran limitado a observar el criterio establecido en la ley y en la jurisprudencia.
Todo es aún más patético si se repara en el hecho de que, aun cuando se hubiera aceptado el cambio de criterio y pasaran los bancos a ser formalmente los que tuvieran que abonar el impuesto, nada les impediría repercutir en lo sucesivo el importe a los clientes como gastos de hipoteca. Eso, por no hablar de que en las hipotecas ya concedidas serían las CC AA y no los bancos quienes tendrían que devolver a los clientes el dinero, en ningún caso la banca, puesto que el propio TS dictaminó recientemente que ni empresas ni particulares deben pagar por impuestos pasados cuando se reclamen por un cambio de criterio de la Administración.
Así pues, no es sino una auténtica tomadura de pelo que el Gobierno haya reaccionado anunciando un cambio legislativo para que sean los bancos y no los clientes los que pasen a abonar el IAJD, cambio que no se puede aplicar de forma retroactiva y que no impedirá a los bancos repercutir el importe.
Especialmente bochornosa ha sido la reacción de Ciudadanos, que, en lugar de demandar la supresión de ese injusto y anacrónico tributo, tal y como han hecho el PP y Vox, se ha sumado a la insensata demagogia del PSOE y de la extrema izquierda podemita en favor de una medida que, aunque teóricamente exima al cliente del pago del IAJD, de igual forma le encarecerá las hipotecas, haciéndolas más inaccesibles a los menos pudientes.
Cualquier formación liberal, o perteneciente a una socialdemocracia mínimamente moderna, hubiera aprovechado la oportunidad para pedir la supresión de un impuesto injustificable que, incluso como tasa, resulta redundante con los aranceles notariales y registrales, lo que constituye una vulneración del principio general del Derecho conocido como non bis in idem, que considera injusto penalizar más de una vez un mismo hecho.