Nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo en relación con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el Gobierno de España anunció su intención de impulsar un cambio legislativo orientado a convertir al banco en el pagador directo del tributo. De momento, Podemos y Ciudadanos se han mostrado receptivos.
Sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Popular tiene otros planes. Pablo Casado, presidente de la formación azul, ha insistido en que el cambio que acaba de aprobar Pedro Sánchez no evitará que los hipotecados sufraguen indirectamente el impuesto, en virtud de un encarecimiento de la financiación bancaria.
En consecuencia, Casado ha movido ficha y ha instado a sus legisladores a enviar a la mesa del Congreso de los Diputados, una Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto 1/1993, de 24 de septiembre, mediante el que el Gobierno del socialista Felipe González aprobó la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En la exposición de motivos, los populares ponen en valor el sistema hipotecario español, "que ha posibilitado que ocho de cada diez familias disfruten de su vivienda en propiedad, proporción muy superior a la media europea, que no llega al 70%". Además, los de Casado recuerdan que "la vivienda tiene un componente de ahorro a largo plazo", de modo que llaman a garantizar "la máxima seguridad jurídica y económica" para los propietarios.
Los azules consideran que "la propuesta de modificar la legislación para que el sujeto pasivo sea la banca y no el cliente no resuelve el problema que ha generado la deliberación y el resultado de la decisión del Tribunal Supremo". El PP entiende que esto es así porque "no se puede garantizar que las entidades financieras no repercutan el impuesto a las familias, incrementando el coste de las nuevas hipotecas concedidas".
Por eso, proponen "modificar el artículo 31 para establecer que, en el caso de documentos notariales sobre préstamos con garantía hipotecaria que correspondan a la compra de un inmueble para primera vivienda, la cuota variable sea cero". La agrupación con sede en la calle Génova apunta que "el impacto sobre la recaudación tributaria no será muy elevado" y afirma que abolir el impuesto "ayudará a simplificar y reducir impuestos, en línea con las medidas que ha anunciado el Partido popular y que incluyen también la reducción del IRPF y de Sociedades o la supresión de Patrimonio y Sucesiones/Donaciones".
Para evitar un agujero en las cuentas públicas, el PP propone que la Administración General del Estado compense a las comunidades autónomas, incrementando su financiación por un monto equivalente a la recaudación media que haya generado el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los tres años anteriores.