Las cosechas están en peligro. Muchos empresarios del campo están desesperados, no encuentran mano de obra disponible. Hay cultivos que están en riesgo por falta de empleados que recolecten aceituna o tomates. El origen del problema está muy claro para los afectados: las ayudas y subsidios agrarios están generando un incentivo perverso, ya que hacen que el jornalero prefiera cobrar el desempleo antes que ir a trabajar.
Si bien Andalucía o Extremadura han sido, históricamente, los grandes referentes del PER, lo cierto es que el polémico Programa de Empleo Rural, implantado en 1986, no sólo afecta a las regiones del sur. Otras comunidades han copiado el modelo. En 1996, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón también empezaron a implantar el polémico subsidio. Y en otras regiones del norte, las rentas mínimas han empezado, igualmente, a mostrar sus perniciosos efectos, hasta el punto de que el sindicato de Unión de Trabajadores y Ganaderos de Navarra (UAGN) denuncia que el cobro de la Renta Garantizada "es un freno brutal a la hora de encontrar trabajadores".
¿Dónde están los 100.000 parados extremeños que, en teoría, deberían estar en disposición de trabajar? Esta misma pregunta se hace Luis Cortés, presidente de Unión Extremadura, una entidad privada que defiende los intereses de 300 agricultores asociados. "Muchos agricultores nos llaman desesperados, las aceitunas se nos están poniendo negras, tenemos grandes pérdidas económicas. Estamos viéndonos obligados a mecanizar todo y pequeños empresarios están desembolsando grandes sumas de dinero y arriesgando capital para comprar maquinaria y así recolectar aceitunas, tomate, tabaco o arándanos. Pero, insisto, ¿cómo es posible que con el 25% de parados en Extremadura tengamos que recurrir a la costosa mecanización? Es un sinsentido. El PER es el culpable", alega Cortés.
Fraude masivo
En la actualidad, apena se precisan 20 peonadas para que los jornaleros puedan solicitar el subsidio agrario, una ayuda que procede del Estado y gestionan las autonomías. Es decir, tan sólo se necesitan 20 días de trabajo al año para cobrar 426 euros durante seis meses como trabajador eventual. "En el momento en el que un parado se va a trabajar al cultivo, deja de recibir la AEPSA (antiguo PER). Por ello, prefieren cobrar el subsidio agrario y no perder la ayuda en lugar de venir a trabajar. Es un sistema perverso e imposible de desactivar, creado para cuando no había trabajo, pero ahora cuando que hay muchísima faena no quieren venir".
Ramón Jumilla, un joven agricultor del pueblo de Torreperogil, en Jaén, conoce de primera mano la carestía de trabajadores que sufre el campo. Él mismo cuenta a Libre Mercado cómo se las ve y se las desea para reunir cuadrillas de recolectores. Jumilla trabaja todo el año como encargado de un olivar de 58 hectáreas. "Está todo muy despoblado, los más jóvenes se van porque no quieren trabajar en el campo, aunque también es cierto que muchos de los que se quedan prefieren cobrar el subsidio que trabajar. Normalmente, los trabajadores actuales proceden de Senegal", confiesa el empleado de la finca.
Ambos, Cortés y Jumilla, coinciden en el modus operandi para cobrar el subsidio, generándose un auténtico mercado negro entre agricultores jornaleros y familiares: "Normalmente, es el padre, marido o abuelo, dueño de olivares, quienes apañan las peonadas a sus familiares para que puedan percibir la AEPSA. Es algo común. Muchas mujeres amas de casa cobran el subsidio y no han venido al campo nunca o vienen unos días, los necesarios nada más, los maridos son quienes les arreglan el papeleo para que puedan percibir la renta", desvela el agricultor jienense.
"Es obvio que hay gente muy honrada andaluza que trabaja en el campo a diario y esto es muy duro, pero no vamos a negar los trapicheos. Normalmente, pagan el seguro, unos 360 euros al propietario, y después van a sellar al Ayuntamiento" y así pueden solicitarla la prestación. desvela Jumilla. Otro olivarero, que prefiere mantener el anonimato, desvela que también hay jornaleros que, para ir trabajar, exigen al agricultor que certifique peonadas fantasma a sus familiares.
Estos métodos fraudulentos están a la orden del día en el resto de regiones que cuentan con sistemas de prestaciones similares, no solo en Andalucía y Extremadura. A ello se suma, además, el desincentivo a trabajar. El presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, Félix Bariáin, denunciaba recientemente que "hay productos que corren el peligro de quedarse en las fincas sin poder ser recolectados" por la falta de mano de obra. La Renta Garantizada es "un fracaso absoluto del Gobierno foral".
"Desea que todo el mundo que de verdad necesite la ayuda la tenga, pero no podemos tolerar el fraude en el cobro de esas subvenciones. Se rechaza el trabajo". Además, Bariáin explicaba que esta situación fue propiciada por el actual Gobierno de la nacionalista Uxue Barkos: "Había un convenio y un plan de empleo que nos permitió hacer más de 60.000 contratos desde 2007, era un rotundo éxito", pero hoy la situación es radicalmente distinta.
"Os vamos a quemar los olivares"
Desde la Unión de agricultores extremeños, por su parte, inciden en que "para la vendimia se necesitan alrededor de 380.000 jornadas, más de 350.000 para la recolección de la fruta, más de 100.000 para los cultivos de huerta y más de 250.000 para el resto de labores que se realizan en un periodo aproximado de 3 meses, lo que significa que se están dando alrededor de 1.100.000 de jornales".
Cortés se defiende así de las acusaciones de los sindicatos estatales, CCOO y UGT, que describen a los empresarios como caciques o negreros. "Las explicaciones de los sindicatos son peregrinas, dicen que somos unos explotadores, pero nada más lejos de la realidad. Firmamos un convenio con UGT y CCOO donde cada trabajador cobra 45 euros por una jornada de seis horas y media", se queja el empresario.
El representante de esta asociación reconoce que "el campo es duro". No obstante, también destaca que en estos momentos hay 60.000 agricultores extremeños que se levantan todos los días para que la gente pueda tener aceite en sus casas. "Nos dicen negreros y caciques, es falso", espeta el empresario. "Si alguien no quiere venir a trabajar, de acuerdo, ¿pero que me cobren impuestos para pagar el subsidio a una persona que no quiere venir a trabajar? Es indecente, una injusticia", insiste.
Y el drama se va acrecentando en los pueblos donde todo el mundo se conoce. Este agricultor narra la crudeza de su situación: "Hemos llegado a estar amenazados por los subsidiados. A mí me han dicho que me van a quemar el campo, mis olivares y mis naves. Por ejemplo , si yo voy a Almendralejo y visito la oficina del servicio de empleo solicitando obreros para coger aceitunas, estás jugando con fuego porque pones en peligro que puedan cobrar las ayudas agrarias".
Asimismo, Cortés denuncia el miedo a hablar de sus asociados. "Nos han llegado a decir que vendrían a recoger aceitunas, pero que, posiblemente, mis olivares peligrarían en el futuro. Sólo queda aguantarse, no queremos tener conflictos con 50 vecinos del municipio porque si no esto es un sin vivir, no nos hacen la vida fácil".
"El PER, un granero de votos"
A pesar de que Castilla y León, por ejemplo, está teniendo que recurrir a trabajadores traídos de Bulgaria, Senegal o Marruecos, las Administraciones no parecen estar preocupadas por la problemática rural. Desde la Unión Extremeña apuntan la razón: "El subsidio agrario es un granero de votos para los políticos. Hemos intentado reunirnos con la Consejería de Empleo de Extremadura y hemos recibido la callada por respuesta. No quieren perder votantes. Los tienen cautivos y comprados con los subsidios".
Además de la mecanización, las entidades que representan a los agricultores están barajando una nueva propuesta que salve las plantaciones, por ejemplo, de tabaco. "Antes había grandes cuadrillas en la zona de la Vera recogiendo tabaco. Eran casi todos magrebíes, había unos 3.000. Pero este año no tenemos mano de obra tampoco extranjera, no sabemos por qué", lamenta Cortés. En este sentido, los empresarios quieren traer empleados de Bielorrusia con contratación en origen. Los castellanoleonenses ya están ello y numerosos autobuses con mano de obra búlgara están llegando a la tierra del cochinillo.
Libre Mercado ha encontrado dificultades para recoger declaraciones que atestigüen este secreto a voces de las zonas rurales ibéricas. Varios agricultores consultados han confesado temer por las represalias de sus vecinos si cuentan lo que ven a diario, mientras que otros sindicatos han preferido dar la callada por respuesta. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Agricultores y Ganaderos de España (UPA) no han querido responder a las preguntas de este periódico.