La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno establece que el sistema eléctrico español se deberá basar exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050, y en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, el 90% con respecto a los niveles de 1990.
La ley que prepara el Ejecutivo pretende asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y garantizar la total descarbonización de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI, según informaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en un encuentro con periodistas.
La ley se fija dos referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: los años 2030 y 2050. Así, en 2030 el Ejecutivo quiere que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 20% respecto a 1990, que el sistema eléctrico cuente con un 70% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética. Para 2050 las emisiones de gases invernadero se deberían reducir un 90% respecto a los niveles de 1990 y el sistema eléctrico se debería basar exclusivamente en fuentes renovables.
Esta ley irá acompañada de varios instrumentos de planificación "transversales" como los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima o las Estrategias de Bajas Emisiones a 2050 de la economía española. La normativa pretende dar un impulso "decidido" a las renovables, y para ello planea potenciar, entre los años 2020 y 2030, la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía renovable.
Coches eléctricos
Asimismo, el Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que la competencia en materia de movilidad no es del Gobierno –que no tiene capacidad de prohibir la circulación–, sino de los ayuntamientos, pero ha adelantado que se acordará con las administraciones municipales el proceso de aplicación de la ley en lo que respecta a movilidad porque "no pueden ser agentes externos y ajenos en un proceso en el son, casi, los principales actores". Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica,en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.
No más actividades de exploración
Por otro lado, el documento 'base' para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Es decir que se prohíbe expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica), cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.
En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que a partir de la entrada en vigor de esta ley quedará prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, la Administración General del Estado no realizará nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles y en general, el Estado se dependerá de las participaciones o instrumentos financieros de empresas relacionadas.
En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estos estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de, al menos, 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. En cuanto a las empresas cotizadas, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35.
Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá. Y se prevé que, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.