Esta semana, la hucha ha sido el tema estrella en lo que tiene que ver con las pensiones. El lunes, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, explicaba en El País que habrá que sacar 3.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra del mes de diciembre.
El jueves, Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, puso una nueva fecha sobre la mesa: 2023. A partir de ese año, insinuó, comenzarán los verdaderos problemas, cuando comience a jubilarse la generación del llamado baby-boom (los nacidos desde mediados de los años 50 a mediados de los 70). Granado dijo que habrá que "buscar dinero" para reponer la conocida como hucha de las pensiones. Y comenzó a proponer soluciones. Eso sí, casi todas van dirigidas al mismo sitio: pagar con impuestos parte de lo que ahora se abona vía cotizaciones, lo que no deja de ser una cuestión puramente contable, porque es el Estado español el que debe afrontar esos costes de una u otra forma.
En Libre Mercado ya hemos explicado en numerosas ocasiones que la llamada "hucha" nunca ha sido tal cosa. Como mucho (y hay que tener buena voluntad para esta interpretación), puede entenderse como una especie de pacto entre los grandes partidos para guardar el superávit que se generaba en los años buenos de la Seguridad Social.
Por eso, la vuelta a la actualidad de este tema puede ser un buen motivo para poner las cosas en perspectiva. Porque en el lenguaje político (y en esto Granado y Valerio no tienen la exclusiva, los ministros del PP utilizaban un discurso muy similar al suyo) siempre ha parecido que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social era una especie de red de seguridad que nos protegería en el largo plazo. Ahora ya sabemos que no es así. Y las cifras de las siguientes tablas apuntan en la misma dirección: los problemas son muy graves, no hay que esperar a 2023 para percatarse de ello y no, la hucha no es lo que nos habían vendido.
El déficit real
Cualquier análisis de la situación del sistema de pensiones debería comenzar con este cuadro. Muestra lo que hemos denominado como el "déficit real" del sistema. Y hablamos de déficit real para contraponerlo al oficial.
Cada año, la Seguridad Social, como el resto de organismos del Estado, presenta sus cuentas. Y una de las cifras más esperadas es la del déficit. El problema es que para calcular ese dato, se incluyen ingresos y gastos de todo tipo: pensiones, gastos de personal, gastos generales, ingresos por cotizaciones, transferencias del Estado… Por eso, los responsables de la Seguridad Social (Granado y sus antecesores; y también el Pacto de Toledo) están siempre pidiendo que les quiten lo que no se corresponde con prestaciones contributivas. No piden que dejen de pagarse esos gastos, sino que se abonen vía presupuestos.
Al final, lo que es cierto, más allá de la evidencia de que los impuestos los pagan los mismos (o casi) que las cotizaciones, es que el listado de partidas que se incluyen o no en la cuenta de la Seguridad Social tiene bastante de arbitrario. Eso sí, es arbitrario en las dos direcciones: hay prestaciones que se ha decidido que pague el Estado (por ejemplo, los complementos a mínimos) que podrían estar a cargo del organismo.
Por eso, en este cuadro tratamos de aparcar el debate contable y plantear las grandes cifras del sistema: ingresos por cotizaciones frente a las promesas de pago a las que se ha comprometido el Estado.
De hecho, incluso hemos ido más allá que en otras comparaciones previas y hemos dejado en el capítulo de transferencias sólo lo que va destinado a pagos a las familias (las cifras están en el Informe Económico Financiero de los Presupuestos de la Seguridad Social, páginas 103 y 153). De esta manera, las transferencias incluidas son: pensiones contributivas y no contributivas; incapacidad temporal; maternidad y paternidad; prestación familiar.
Las conclusiones son evidentes:
- Incluso aunque se traspasen todos los pagos no contributivos, con las cotizaciones sociales no hay suficiente para pagar las prestaciones contributivas (y por mucho, más de 12.000 millones este año si todo va bien)
- A pesar del crecimiento económico y la creación de empleo de los últimos años, la diferencia Cotizaciones – Transferencias está en el entorno de los 27.000 millones
- El acumulado de la última década es terrible. La diferencia entre cotizaciones y transferencias (a todo tipo de prestaciones, eso es cierto… pero es que el Estado se ha comprometido a pagarlas) asciende a más de 200.000 millones de euros. Ése es el agujero real de la Seguridad Social.
- Y lo mejor que nos podría pasar en la próxima década es que ese déficit real no crezca. Nadie se plantea siquiera que pueda reducirse de forma significativa: la esperanza es que no se dispare y que pueda financiarse sin una subida de impuestos masiva.
- En un entorno como el actual, con esa generación del baby-boom acercándose a su jubilación y con los gastos creciendo año a año (esa fecha de 2023 de la que hablaba Granado ya está a la vuelta de la esquina), cualquier mínima incidencia en lo que tiene que ver con los ingresos puede ser letal (y no hablamos de otra crisis como la de 2010-2012, sino de un pequeño parón en el crecimiento).
Desde un punto de vista contable, y para los titulares de prensa, es cierto que se pueden sacar gastos del sistema. Pero eso no cambiaría el fondo de la cuestión: se paguen vía PGE o vía Seguridad Social, el Estado tiene unos compromisos de pago en prestaciones que están muy lejos, a años luz, de lo que ingresa por cotizaciones sociales.
La hucha
Todo esto viene a cuento de la hucha y de las declaraciones de Valerio y Granado. Por ejemplo, la ministra celebraba que aún quedarán 5.000 millones cuando se haga el pago de la extra y defendía el esfuerzo realizado para reducir los fondos dispuestos este año, de los 5.000 millones previstos a los 3.000 que se sacarán en diciembre.
El problema es que las cifras ya nos indican la diferencia entre el discurso sobre el Fondo de Reserva y la realidad. 5.000 millones es menos del 4% del gasto anual en pensiones contributivas y el 3,5% si contamos todas las transferencias. Incluso admitiendo la ficción de la hucha, el total de lo que le quede en diciembre no daría ni para pagar el 20% del déficit real de un solo ejercicio. Y si lo comparamos con el agujero de la última década, apenas hablamos del 2,5%. Y todo apunta a que el déficit acumulado de la próxima década será todavía mayor que el del período 2010-2019.
En resumen, no tiene ningún sentido plantear el Fondo de Reserva como una especie de seguro. No lo es. Las pensiones se pagan con los impuestos de los españoles (y las cotizaciones no dejan de ser un impuesto). Es el conjunto de la economía española el que sirve de sustento y de garantía a la Seguridad Social. Si hay ingresos de trabajadores y empresas, habrá pensiones; y si no, pues habrá que recortarlas. No habrá hucha de la que tirar. Y, en realidad, nunca la hubo de verdad.
Nota del redactor: en las cuentas de esta década, hemos incluido los años 2018 y 2019. Para estos dos ejercicios, nuestras previsiones son conservadoras (es decir, si acaso, más bien optimistas). Para 2018 hemos dado por buenas las cifras de los PGE. Para 2019, hemos manejado una previsión de ingresos en la que las cotizaciones crecen al 5,1% (igual que lo previsto para este año, a pesar del menor crecimiento económico) y de gastos que crecen al 3,2% (menos que este año; hemos cogido la media de los últimos cinco año