Imaginen que llegan a su casa y se encuentran repentinamente una cerradura nueva y no pueden introducir su llave. Pues eso mismo ha sido lo que le ha pasado a Amparo Martínez, una vecina del barrio madrileño Los Olivos en Mejorada del Campo. Desde hace una semana, esta cajera de un supermercado de la zona está viviendo un mal sueño; aún no puede dar crédito a que no pueda entrar a su propia vivienda.
El relato de los acontecimientos roza el surrealismo: "Fue mi padre quien me avisó de que había un hombre en el alféizar de las ventanas de mi casa. Un desconocido estaba dentro de mi vivienda tan campante", cuenta nerviosa a Libre Mercado. Su progenitor se dirigía un día más a hacer la compra cuando, al pasar delante del piso de su hija, comprobó atónito cómo un señor estaba asomado entre los barrotes de la vivienda de Amparo. El piso es un bajo, lo que permitió distinguir el rostro desconocido del sujeto. En ese momento, el padre de la propietaria vio cómo los barrotes de la ventana habían sido forzados para entrar.
"Yo comparto mi inmueble con mi exmarido desde hace diez años. Nos separamos y decidimos no venderla y mantenerla, pero fíjate que ya me la vendió otro", lamenta la trabajadora con resignación. Amparo se refiere a lo que el joven okupa le contó al abrir la puerta y recibirla: "Cuando llegué a mi casa alertada por mi padre, no pude introducir la llave, habían cambiado la cerradura. Pegué al timbre y me abrió la puerta un chico rumano que me dijo que un hombre marroquí le había vendido mi casa por 500 euros y que ese piso era suyo", narra con pesadumbre la propietaria.
Comienza la pesadilla
Inmediatamente, y sin salir de su asombro, Amparo llamó a la Guardia Civil. Los agentes se personaron en el lugar, pero, una vez más, la ley no está del lado del dueño de la casa, sino del okupa. Los agentes no pudieron hacer nada. "Esto es una pesadilla. Resulta que como este señor tiene dentro sus cosas, yo no puedo entrar a mi vivienda porque se considera allanamiento de morada y me llevarían detenida, ¡como a una ladrona!, ¡por entrar a mi propia casa!", exclama la afectada.
Pero Amparo no quiso quedarse de brazos cruzados y, cuando condujeron a tomar declaración al okupa, a la vecina se le ocurrió cambiar la cerradura, aunque enseguida se le pasaron las ganas. "Me dijeron que eso también se consideraba allanamiento de morada, así que olvidé este pensamiento y puse la denuncia correspondiente". Mientras tanto, a su lado en la comisaria, escuchó cómo su okupa alegaba que "tenía una chica embarazada y que esperaba un bebé". Indignada comenta "cómo los chicos rumanos conocen todas las triquiñuelas y saben cómo funcionan las leyes españolas que, por cierto, están de su parte. Si hay niños en camino, hace que se imposibilite aún más el desahucio", se queja la víctima.
"Si le daba dinero decía que se iba"
Ahora, está a la espera del juicio rápido que se celebrará el próximo 20 de noviembre gracias a la entrada en vigor de la Ley del Desahucio Exprés el pasado julio. Sin embargo, la puesta en práctica de esta recién estrenada medida no está dando los resultados exprés que se esperaban.
Tal y como informó Libre Mercado, la lentitud del sistema judicial hace que la orden de desalojo de los okupas no se dicte hasta meses posteriores a la celebración del juicio. En este sentido, los expedientes quedan paralizados y apilados en los juzgados abarrotados de folios esperando a ser revisados. Es decir, el drama que viven los propietarios se alarga y el okupa puede seguir disfrutando de las instalaciones que paga otro.
"No nos queda otra que esperar. El okupa quiso negociar conmigo una cantidad para irse. Si yo le pagaba, él abandonaba mi hogar. Llegó a decir que si le daba dinero se iba. También propuso pagarme 200 euros al mes, pero no quise pactar con él nada. Sólo quiero recuperar mi casa", concluye Amparo con pesadumbre.