El pasado 22 de noviembre, el presidente de la Comunidad de Madrid acudió a La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno y tratar, entre otros temas, el asunto del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), su posible reforma y los errores manifiestos del mismo, que perjudican a algunas regiones, pero a nadie como a Madrid, hasta el punto de que hay un apartado de una disposición transitoria de la Ley del Sistema de Financiación Autonómica de 2009 que está redactado única y exclusivamente para perjudicar a Madrid. Dicho punto se refiere al Fondo de Competitividad.
La Comunidad de Madrid viene solicitando la reforma del sistema desde que venció, en diciembre de 2013, con objeto de conseguir un sistema claro y transparente, que no sea injusto. Por eso, también desde hace mucho tiempo, como puso de manifiesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de diciembre de 2013, no sólo debía reformarse el sistema, sino que, además, hasta que se consiguiese llevar a cabo dicha reforma, debía, al menos, corregirse la trampa contra Madrid que existe en el Fondo de Competitividad.
Sin embargo, el Gobierno central nunca accedió a ello y no parece que Sánchez, con el sectarismo que le caracteriza, vaya a llevarlo a cabo ahora para hacer justicia con una región en la que no gobierna y a la que Zapatero asfixió en el pasado siempre que pudo, tanto en las inversiones regionalizables de los Presupuestos Generales del Estado como en el diseño de este mal Sistema de Financiación Autonómica. Ojalá lo consiga Madrid, pero resulta difícil creer que el Gobierno vaya a hacerlo, máxime con su escuálido grupo parlamentario.
El Fondo de Competitividad tiene por objeto reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre comunidades autónomas. Así, mediante este mecanismo, se pretende garantizar que aquellas regiones cuyos recursos por habitante ajustado sean inferiores a la media, teniendo en cuenta su capacidad fiscal, vean incrementados dichos recursos.
De esta manera, una comunidad autónoma debe recibir recursos del Fondo de Competitividad hasta que su financiación homogénea por habitante ajustado fuese igual al índice de capacidad fiscal respecto a la media de las comunidades autónomas. Aquí, al introducir el elemento "habitante ajustado" ya distorsiona la participación en el reparto, porque dicho elemento dejaría fuera a Madrid, ya que el término "población ajustada" le hace perder muchos habitantes y, por tanto, elevarle esa financiación per cápita media de manera artificial. Por otra parte, la utilización de la población como elemento de reparto tampoco es casual, ya que beneficiaba, claramente, a Cataluña y Andalucía.
Sin embargo, el sistema actual limita, de forma discrecional, esta compensación, ya que Cataluña también podía quedar fuera del reparto, de manera que establece un tope en el 106% de la financiación homogénea por habitante ajustado respecto al índice de capacidad fiscal respecto a la media de las comunidades autónomas. Limitación que fue milimétricamente diseñada para que coincidiese con la cifra catalana y dejase fuera a la Comunidad de Madrid.
De hecho, para los dos primeros años se estableció en el 1,05 (2009 y 2010) y para 2011 y siguientes en el 1,06 (Disposición Transitoria Primera, punto 8, de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, del SFA).. ¿Y cómo se encuentra, al respecto, Cataluña? En poco más del 1,05% (1,05082), mientras Madrid, después de haber pasado por la maraña de fondos del SFA, aportando recursos al resto de CCAA, ha habido años en los que ha llegado a sobrepasar el 1,10% (1,1064).
¿Qué quiere decir esto? Que Cataluña recibe del Fondo de Competitividad prácticamente todo lo que puede corresponderle (cerca de 1.000 millones de euros), mientras que a Madrid se lo dejan limitado por dicho tope. De esta manera, en media, Madrid sólo recibe 406 millones, cuando le corresponden 645 millones más. Esto se pone de manifiesto claramente en el último año primer quinquenio de vida del sistema, que es cuando debería haber sido evaluado, repitiéndose en el resto de años.
Este tope desvirtúa completamente el sentido de compensación de desequilibrios para el que fue ideado este Fondo de Competitividad, introduce una arbitrariedad no sustentada en argumento alguno y la merma de ingresos a las regiones topadas no supone incrementos en fondos a percibir por el resto de regiones, de manera que no tiene ningún beneficio para el sistema de financiación autonómico y sí genera múltiples distorsiones, problemas que se solucionarían eliminando dicha limitación.
Este tope injusto y discriminatorio hace que la Comunidad de Madrid pierda cada año entre 490 y 700 millones de euros que, por cierto, no van a parar a ninguna comunidad autónoma, sino que constituyen una transferencia de financiación directa de la Comunidad de Madrid a la Administración General del Estado.
Y este sistema de financiación actual no sólo contiene este error manifiesto -aunque sí que es el más sangrante, al haberse redactado contra una única región-, sino que, como ya ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, el SFA es un sistema injusto y absurdo que fue diseñado por los socialistas para beneficiar al tripartito catalán y al Gobierno andaluz a costa de perjudicar a los madrileños.
Es un modelo que penaliza que una región vaya bien, como le sucede a Madrid. Así, cuanto mejor va una región y más recaudación genera, el sistema le da menos recursos. Eso quedó bien claro con la liquidación definitiva del 2012, recibida en julio de 2014, donde Madrid fue la única, junto a Baleares, que incrementó la recaudación de IRPF, IVA e IIEE, en 58 millones, y el sistema le dio 96 millones menos, con un quebranto neto de 156 millones, mientras que a Andalucía, que perdió 132 millones en la recaudación de dichos impuestos por evolucionar peor económicamente, el sistema le compensó, a través de la maraña de fondos, 52 millones.
Ese desincentivo para hacer las cosas bien está insertado dentro del sistema, pero ese año, con la liquidación de 2012, se percibió de la forma más clara posible. Es decir, por cada 9 euros que un madrileño incrementó la recaudación con su actividad, recibió del SFA 24 euros menos para sus servicios. Por cada 15 euros que un andaluz perdió en recaudación por actividad, recibió del SFA 6 euros más para sus servicios.
Adicionalmente, el sistema genera retorcimientos estadísticos adicionales, a través de la maraña de fondos existente. Muchos de los índices empleados para el reparto estaban calculados para primar a Cataluña -grupos de edad y ponderación para el cálculo de la población protegida a efectos sanitaria- o a Andalucía -recursos adicionales del Estado para dependencia-. Eso ha perjudicado, y mucho, a otras regiones, especialmente a Madrid -sin olvidarnos de Valencia-.
Por ejemplo, en 2015 se vio una clara muestra de esos perversos efectos cuando, pese a incrementarse un 5,4% la recaudación en Madrid por IRPF, IVA e IIEE, sólo veía crecer sus entregas a cuenta un 4,6%, mientras que Andalucía mejoraba su recaudación un 4,5% y recibía unas entregas a cuenta que crecían más que la recaudación, un 4,7%. En el caso de Asturias, su recaudación crecía un 5,4% y recibía unas entregas a cuenta de dicha recaudación que mejoraban un 6,1%. Igualmente, sucedía con Extremadura: su recaudación sólo subía un 4% y sus entregas a cuenta mejoraban un 6,4%.
Una vez más, el SFA muestra sus retorcimientos estadísticos contra Madrid y lo absurdo del mismo, que cuanto mejor va una región y más recauda, menos recursos le da. Del mismo modo, la lista de errores, perjuicios y agravios del SFA hacia Madrid es infinita:
- La asignación de recaudación por IVA e IIEE no se corresponde con la evolución de consumo de Madrid, sino que lo subestima.
- La peor evolución del resto de regiones hace artificialmente más rica a Madrid, que tiene que aportar, así, más al Fondo de Garantía de los servicios públicos esenciales, de manera que a similares incrementos de recaudación de Cataluña y Madrid, la región madrileña aporta hasta un 141% más que Cataluña.
- Madrid es la más perjudicada en el Fondo de Suficiencia, por la trampa del IVA e IIEE de la Ley del SFA en su artículo 21.2, que descuenta en el Fondo de Suficiencia las ganancias de recaudación que pudiese haber por el incremento de tipos de IVA e IIEE, mientras que le hace aportar más al Fondo de Garantía por esos supuestos incrementos de recaudación que luego le descuenta el Estado a través del Fondo de Suficiencia.
De hecho, todas esas trampas ya quedaron al descubierto con los datos iniciales del nuevo SFA, correspondientes a base año 2007, pero aplicados a 2009, donde Valencia y Madrid se veían claramente perjudicadas por las triquiñuelas realizadas en el diseño del nuevo sistema.
Todos estos retorcimientos hacen que, anualmente, de manera estructural, Madrid vea mermada su financiación en casi 2.500 millones de euros, por los distintos conceptos.
El SFA debe ser reformado e ir hacia un sistema justo, transparente, sencillo, que incentive el crecimiento y las rebajas de impuestos, que respete la ordinalidad, se olvide del status quo y que incorpore a la solidaridad a las dos regiones forales, respetando sus regímenes especiales que aparecen en la Constitución, pero cumpliendo también con el mandato constitucional de su aportación a la solidaridad, cosa que ahora no hacen. El SFA debe cambiar en ese sentido para evitar esta grave discriminación y para incentivar a las regiones para que hagan una buena gestión.