La respuesta al anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética (lean) no se ha hecho esperar. Varios sectores económicos se han levantado en armas contra una colección de propuestas que solamente pueden empeorar unas condiciones ya de por sí desfavorables.
Las pymes europeas pagan entre un 20% más por la electricidad que las chinas y un 65% más que en la India. Entre 2005 y 2012 -años de explosión del fracking-, los precios de la electricidad en Estados Unidos bajaron un 8%, mientras que en Europa subieron un 38%. España, como suele ocurrir cuando de empobrecer a la población se trata, no se queda atrás. Mantenemos el dudoso honor de ser el tercer país de la Unión Europea según el Índice armonizado de precios energéticos para los hogares -HEPI, por sus siglas en inglés-. Las empresas, por su parte, acumulan hasta un 33% de sus costes en un único epígrafe: la factura energética.
Existen tres razones que subyacen a este mecanismo de empobrecimiento de la población: las subvenciones, los costes fijos en el sector y los impuestos. Todas ellas tienen un elemento en común: la injerencia política y la regulación. Para solucionarlo, el Gobierno de Pedro Sánchez y su Ministerio de la Transición Energética proponen… más injerencia política y más regulación. Concretamente, su plan se basa en dos piedras angulares:
En primer lugar, el impulso a las energías renovables. Como no podía ser de otra manera, apela a herramientas públicas demostradamente fallidas -subvenciones- para afrontarlo. Hace sólo unos meses, Ignacio Sánchez Galán alertaba en el Financial Times sobre el riesgo de "quiebras tipo Enron" en el sector energético ante el final del dinero barato. En los últimos años se han disparado las empresas que usan el subterfugio verde para implementar un modelo constructor-promotor extremadamente apalancado, y no uno energético.
Un modelo cuya única finalidad es instalar por instalar, haya demanda o no. Y que solamente persigue subvenciones. Para que se hagan una idea, la energía solar llegó a suponer un 5% de la energía producida y más del 22% de las subvenciones. De cara al futuro, el sector renovable global tiene unas necesidades de refinanciación en los próximos siete-ocho años superior a su capitalización bursátil -134.000 millones de euros-, según Renixx Index.
¿Solución? Volver a subvencionar de forma indiscriminada y agrandar el agujero. A pesar de todo el impulso artificial que se ha dado al sector, y de las burbujas creadas, la generación de energía proveniente de fuentes de producción renovables no ha superado el 42,5% del total.
A día de hoy, la energía eólica es más barata de producir que la de carbón, la de ciclo combinado y muchas otras, tanto renovables como convencionales. Por ello, ha pasado de suponer un 11% del mix energético español en 2008 a un 19% en 2017, siendo la que más ha crecido. El resto de renovables han incrementado un anémico 2 puntos porcentuales su aportación al mix. A pesar de estar todas subvencionadas por igual, la eólica y, en menor medida la fotovoltainca, han sido las única capaces de sacar la cabeza en el mix de producción.
Exactamente lo mismo que hubiera pasado si no hubiéramos regado de dinero público nuestro parque y, por lo tanto, no hubiéramos generado las condiciones idóneas para que muchas de las empresas renovables estén al borde de la quiebra.
El segundo gran logro del anteproyecto pasa por restringir la movilidad de los ciudadanos hasta penalizar la actividad económica. Dentro de este bloque se incluyen las ilustres propuestas consistentes en que todo el parque de vehículos sea cero emisiones en 2050, con una restricción explícita de venta de vehículos de combustión desde 2040. Esto, a parte de la imposición de instalar puntos de recarga eléctricos en todas las gasolineras que distribuyan más de 5 millones de litros.
El problema del coche eléctrico es principalmente de ausencia de sustitutivos en el mercado. El gravamen sobre los vehículos de combustión ha aumentado sistemáticamente en los últimos años -lean -y sus efectos han sido nulos. Innovaciones tecnológicas como WhatsApp o el correo electrónico han hecho más por salvar la selva amazónica que cualquier regulación impuesta por cualquier gobierno del mundo. Con los automóviles ocurre algo parecido. Solamente los avances tecnológicos han sido capaces de reducir el consumo por litro y la emisión de gases contaminantes de los vehículos que circulan por nuestras calles.
Y, por supuesto, si no hay demanda de electricidad para los vehículos, tampoco hay necesidades de ampliar la oferta. La obligación de construir electrolineras es otra de las múltiples invenciones de este Gobierno. Una herramienta más para alimentar la sobrecapacidad que, como no podía ser de otra manera, pagará usted. Las primeras estimaciones apuntan a un coste de 200 millones de euros para montar 10.000 puntos de recarga, cuyo coste podría ser considerado como una inversión regulada y financiada con cargo a su recibo de la luz.
Restricciones de tráfico
Por si todo lo anterior fuera poco, el Gobierno va más allá. Las restricciones de movilidad no podían estar acabadas sin la obligación, para las ciudades de más de 50.000 habitantes, de poner en marcha lo que en Madrid se ha denominado "Madrid Central". O, lo que es lo mismo, zonas céntricas restringidas al tráfico, cuyo principal impacto está siendo un incremento de los precios de las plazas de aparcamiento y un descenso esperado de las ventas de los comerciantes minoristas de la zona.
Los atascos y el caos se hará palpable, como está ocurriendo en otras ciudades europeas, en un entorno en el sector de los vehículos de turismo comunitario -VTC/taxi- no se va a liberalizar para dar cobertura a la demanda latente que va a surgir. ¡Todo sea por la salud de la población de la comunidad con mayor esperanza de vida de toda España!
En definitiva, estamos ante un despropósito de plan de transición energética que, espero, tal y como ocurre con la mayor parte de la intención legislativa de este Gobierno, se quede en el cajón de sus ministros con líneas de tinta escritas en su memoria.