El mercado del alquiler ha experimentado un fuerte dinamismo en los últimos años debido, entre otros factores, a la creación de empleo, las mayores dificultades para acceder a un crédito hipotecario y el cambio de mentalidad de parte de la sociedad española a la hora de comprar un piso tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. Tanto es así que la fuerte demanda registrada se ha traducido en una significativa subida de precios en algunas zonas del país, especialmente en el centro de las grandes ciudades.
Sin embargo, en lugar de poner en marcha medidas para flexibilizar mucho más el mercado y, de este modo, fomentar la oferta de alquiler, el Gobierno del PSOE apuesta justo por la receta contraria, consistente en poner aún más trabas y dificultades a los propietarios. El resultado, por desgracia, serán precios más altos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler por el cual se amplía de 3 a 5 años la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento y a 7 años en caso de que el propietario sea una persona jurídica. Así, pues, aumenta de forma sustancial el plazo legal mínimo que el inquilino puede permanecer en el inmueble. Además, se amplía de 1 a 3 años el plazo de prórroga tácita, de modo que, una vez vencido el contrato, y siempre y cuando arrendador y arrendatario no manifiesten lo contrario, la renovación automática será por otros tres años como mínimo. Igualmente, el Gobierno fija una fianza de dos meses como máximo, al tiempo que carga al propietario los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato cuando sea una sociedad o empresa. Y aunque por el momento descarta imponer precios máximos, tal y como exigía Podemos, deja una puerta abierta a esta posibilidad si logra sacar adelante los Presupuestos de 2019.
El PSOE piensa que con estas medidas protege al inquilino al dotar al contrato de mayor estabilidad y menores costes, pero se equivoca de plano. Cuantas más trabas y dificultades administrativas padezca el propietario, mucho más caro y complicado será encontrar alquiler. De hecho, son los políticos, y no los propietarios, los auténticos culpables del encarecimiento que ha registrado el mercado en los últimos años. En primer lugar, porque los ayuntamientos de extrema izquierda, con Manuela Carmena y Ada Colau a la cabeza, restringen de forma artificial la oferta de vivienda impidiendo la concesión de licencias de construcción, a pesar de la creciente demanda existente. Y, en segundo término, porque los dueños siguen padeciendo una grave situación de indefensión ante los problemas de morosidad y la aberrante lacra de los okupas. Todo ello restringe la oferta de pisos en alquiler, empujando al alza los precios.
Las medidas recién aprobadas inciden en el error, ya que, a más duración del contrato, mayor protección vía precio requerirá el propietario para tratar de minimizar los posibles costes añadidos vía inflación o impagos. Además, puesto que el Gobierno reduce las fianzas y garantías que requiere el propietario para asegurar su inversión, el nivel de solvencia que se le exigirá a los inquilinos aumentará de forma sustancial (sueldos más altos, contrato indefinido...), perjudicando con ello a los más vulnerables y desfavorecidos. Y puesto que los impedimentos a la hora de recuperar la vivienda en caso de morosidad tampoco se reducen, el balance será menos pisos disponibles y precios más altos. La única receta eficaz para abaratar el alquiler consiste en facilitar la construcción de nuevos inmuebles, garantizar el libre acuerdo entre las partes y asegurar el derecho fundamental de la propiedad privada a sus legítimos dueños.