El impacto de las viviendas turísticas en el precio del alquiler residencial en Baleares es mínimo. De hecho, entre los años 2016 y 2018, la oferta de este tipo de viviendas se ha reducido un 53% en Palma de Mallorca, una drástica reducción que no ha impedido que el alquiler siga creciendo a tasas que superan el 19%.
Las medidas restrictivas cogieron vuelo entre 2015 y 2016, al calor de los acuerdos de gobierno que suscribieron PSOE, MÉS y Podemos. Estos pactos entregaron a los socialistas la presidencia de Baleares, mientras que la alcaldía de Palma de Mallorca recaló en los nacionalistas de MÉS, cuyo cabeza de lista Antoni Noguera ejerce hoy como regidor de la ciudad.
Entre 2016 y 2017 se tramitaron las distintas normas que persiguen restringir la oferta de pisos turísticos. La pieza clave de esta ofensiva es la Ley Turística que aprobó el Parlamento de las islas en 2017, aunque también ha sido vital el nuevo plan de zonificación que ha introducido el Ayuntamiento de la capital.
Como resultado de estas medidas, la patronal del alquiler vacacional ha constatado un descenso de la oferta equivalente al 53%. Socialistas, nacionalistas y comunistas buscaban abiertamente este resultado, pero esperaban que la consecuencia directa de la caída de la oferta fuese también un abaratamiento de los alquileres. No obstante, el precio de arrendar se ha disparado un 19% en Palma de Mallorca, constatando el flagrante error económico en el que han incurrido los partidos de izquierdas que manejan las instituciones autonómicas y locales.
Según destaca Habtur Baleares en un detallado informe, las viviendas turísticas tienen un marcado carácter estacional. En los meses de verano suponen el 7% del parque total de activos inmobiliarios de las islas. Sin embargo, esta proporción se reduce fuertemente durante el resto de meses del año, de modo que no hablamos de un fenómeno presente durante el conjunto del ejercicio, sino apenas en la temporada alta.
Gran parte de las viviendas turísticas se encuentra en viviendas unifamiliares que, además, coinciden principalmente con aquellos municipios en los que los residentes de las islas poseen sus viviendas secundarias. Persiguiendo el alquiler de dichos activos, el gobierno autonómico y el equipo municipal de Palma de Mallorca esperaban que el alquiler residencial se abaratase, aunque el efecto ha sido el opuesto.
¿Y qué explica lo ocurrido con el alquiler? La patronal del alquiler vacaciones detecta los siguientes factores:
- Mejora de la economía. Conforme mejora la actividad y se recuperan los salarios, los propietarios revisan al alza el precio que exigen por arrendar sus inmuebles.
- Descenso del paro. Esta tendencia beneficia especialmente a los jóvenes, que salen de la vivienda familiar para independizarse.
- Restricciones en el crédito hipotecario. La banca ha endurecido el acceso a la financiación inmobiliaria, reduciendo en parte el atractivo de comprar vivienda, lo que a su vez anima el alquiler.
- Aumento de la población de las islas. El saldo migratorio vuelve a ser positivo y se ve beneficiado además por la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo y voluntad de adquirir inmuebles en Baleares que les sirvan como vivienda de verano.
- Desprotección del propietario. El movimiento okupa y el discurso hostil de los políticos contra los propietarios de inmuebles hacen que no pocos arrendatarios prefieran mantener su vivienda fuera del mercado, a la espera de un entorno más favorable.
- Falta de obra nueva. Antes de la crisis se autorizaban anualmente unas 12.000 nuevas viviendas, pero entre 2012 y 2017 solo se han construido 7.000 en total.