En el mega-decreto que aprobó el Gobierno el pasado 28 de diciembre, se incluye la obligatoriedad de que las prácticas que realizan los estudiantes en las empresas coticen en el régimen general de la Seguridad Social, estén o no remuneradas.
Esta medida ha cogido por sorpresa tanto a las universidades como a las empresas. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha señalado que será "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", y, como resultado, conllevará una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios. También han querido añadir su sorpresa con el Gobierno, ya que no fueron llamados para formar parte de una mesa de diálogo en la que debatir esta medida, que ha sido aprobada sin consultar con los organismos perjudicados.
Hasta ahora, no existía obligación de cotizar a la Seguridad Social por aquellos becarios que no cobraban un salario. En cambio, sí debían darse de alta los que realizaran prácticas con algún tipo de retribución económica. Lo que modifica esta norma es que las prácticas que formaban parte del plan de estudios estaban bonificadas al 100%, pero no así las que extracurriculares. En la nueva disposición no se hace ningún tipo de diferenciación en las prácticas ni en el hecho de que estas sean retribuidas o no, y, al no contar con ningún tipo de bonificación, se encarecerá el coste.
En caso de que el gasto recaiga en las empresas, el impacto será una disminución de la oferta. Si, por el contrario, son las universidades quienes deben pagar la cotización, los títulos se encarecerán, por lo que repercutirá directamente en el bolsillo de los estudiantes y sus familias. Por todo ello, el CRUE ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez la apertura de una mesa de diálogo con los rectores para abordar este asunto y que no se haga efectivo.
Finalmente, los estudiantes y la administración propia de las universidades también se verán afectados porque la burocracia se elevará considerablemente para poder cumplir con la nueva normativa. Por tanto, el CRUE ha pedido que, si la norma se hace efectiva, se aumente el número de empleados para afrontar la gestión administrativa.