El Gobierno de Pedro Sánchez no solo aspira a disparar de nuevo el gasto público y, por tanto, elevar aún más el déficit y la deuda, sino que pretende aprobar una larga y sustancial batería de subidas fiscales con el fin de financiar, al menos parcialmente, sus ambiciosos planes de despilfarro. Tanto es así que, además de elevar el Impuesto de Sociedades, las cotizaciones sociales o la fiscalidad sobre el Patrimonio y el diésel, el PSOE también acaba de crear dos nuevas figuras tributarias. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un impuesto sobre los servicios digitales y otro sobre las transacciones financieras, cuya implementación acabará lastrando la capacidad de crecimiento y creación de empleo en España.
El primer gravamen, conocido como tasa Google, aplicará un tipo del 3% sobre los servicios de publicidad, intermediación y venta de datos de las empresas que operan en internet. El Gobierno espera recaudar con este tributo unos 1.200 millones de euros al año. El segundo, por su parte, es la tasa Tobin, y gravará con un 0,2% la compra de acciones de cotizadas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Hacienda calcula que le permitirá ingresar otros 850 millones anuales.
Ambas figuras constituyen un grave error, tanto desde el punto de vista económico como fiscal. En primer lugar, porque parten de un burdo engaño por parte del Ejecutivo. Los socialistas insisten en que dichos impuestos serán sufragados por las empresas intermediarias, digitales en el primer caso y financieras en el segundo, de modo que las familias no se verán afectadas. La mentira, sin embargo, no puede ser mayor, ya que esta nueva fiscalidad será trasladada, de uno u otro modo, al consumidor final, ya sea mediante subida de precios o vía comisiones. Así pues, en caso de cumplirse las previsiones del Gobierno, los españoles dispondrán de 2.000 millones de euros menos en sus bolsillos al finalizar el año por obra y gracia de Sánchez y sus ministros (unos 105 euros menos por trabajador).
Pero es que, además, estas cifras de recaudación están infladas, de modo que tampoco servirán, en ningún caso, para financiar el dislate presupuestario que los socialistas acaban de presentar en el Congreso. Aunque lo más grave es que estos dos tributos van contra la línea de flotación del progreso y el desarrollo. En un mundo globalizado como el actual en el que los países compiten entre sí por atraer capital e inversiones, esta particular originalidad fiscal será duramente castigada. Sánchez se vanagloria de ser uno de los primeros países de la UE en poner en marcha la tasa Google y la tasa Tobin, sin percatarse de que las escasas experiencias registradas a nivel internacional han cosechado un rotundo fracaso, minando la recaudación y dañando la economía.
Es de una enorme torpeza ahuyentar empresas e inversores con tributos innecesarios, cuya presencia, además, es prácticamente inexistente a nivel global. Pero es que, por si fuera poco, España necesita impulsar la digitalización, que es la economía del presente y del futuro, al tiempo que fomenta el ahorro, auténtica base del crecimiento, y el problema es que estos impuestos consiguen justo lo contrario. La tasa digital supondrá un importante lastre para el desarrollo tecnológico, mientras que gravar la compra de acciones desincentivará, de uno u otro modo, la acumulación de ahorro y riqueza. La política fiscal de Sánchez atenta, una vez más, contra la prosperidad de los españoles.