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Cazadores y armeros estallan contra el reglamento del Gobierno: "Nos tratan como a terroristas"

"Indignación absoluta" en el sector. Denuncian que las restricciones que pretende aprobar el Gobierno no tienen parangón en Europa.

"Indignación absoluta" en el sector. Denuncian que las restricciones que pretende aprobar el Gobierno no tienen parangón en Europa.

El nuevo reglamento sobre armas que pretende aprobar el Gobierno del PSOE, cuyo borrador se encuentra en período de consulta pública para recibir alegaciones, no solo ha cogido por sorpresa al sector, sino que ha levantado una ola de indignación entre los afectados, ya que España se convertiría, de lejos, en uno de los países de la UE más restrictivos y prohibicionistas en esta materia. Libre Mercado ha recabado la opinión de algunos de los principales representantes del ámbito de las armas en España.

Asociación Nacional del Arma

Daniel Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional del Arma (Anarma), califica el proyecto como "auténtico despropósito", ya que busca "restringir los derechos y libertades de los cazadores, pescadores, tiradores deportivos, coleccionistas de armas y negocios de armería". Además, resulta una "chapuza jurídica", con contradicciones en el articulado e incluso una "redacción farragosa". Es un "bodrio", confiesa.

Siendo ya España uno de los países más restrictivos de la UE en materia de armas, este reglamento "supone una nueva vuelta de tuerca prohibicionista y liberticida sobre un sector que no para de recibir palos desde el Gobierno del PSOE", añade Álvarez. Entre muchas de las novedades que introduce el proyecto, se quieren confiscar las armas semiautomáticas con licencia y cargadores de alta capacidad.

Según Álvarez, "se trata de un atropello sin precedentes a la libertad individual y a la propiedad privada. Las armas y cargadores que ayer eran legales se convierten en ilegales de la noche a la mañana. Esta inseguridad jurídica puede ser evitada con las exenciones que prevé la norma europea, pero el Gobierno del PSOE parece ser se encuentra más cómodo confiscando y destruyendo miles de rifles y cientos de miles de cargadores, por valor de millones de euros, de ciudadanos honrados".

En cuanto al espíritu prohibicionista que rezuma el texto, el representante de Anarma explica que "los usuarios legales de armas no representan problema alguno de seguridad pública. Los crímenes cometidos por usuarios legales de armas en Europa están muy por debajo del 1% del total, una cifra anecdótica que no justifica el tremendo daño que se pretende asestar al sector. Además, existen numerosos ejemplos que demuestran que el número de armas en manos de los ciudadanos nada tiene que ver con las tasas de criminalidad, tal y como demuestran los casos de Suiza o República Checa".

Federación de Armas y Municiones

Pedro Morrás, secretario de la Federación Sectorial Española de Armas y Municiones (FSA), tampoco entiende el nuevo golpe que pretende asestar el Ejecutivo a su sector. "Este proyecto convierte a una de las legislaciones más duras de Europa en aún más dura, como si se tratara de batir un récord de eliminación de derechos de cazadores, tiradores y coleccionistas de armas".

"España tiene varias fábricas de armas del comprimido, entre las que se incluyen algunas de las más importantes del mundo y un mercado español muy potente. La obligatoriedad de documentar estas armas puede arrasar con el mercado, máxime cuando su tramitación depende de las veleidades municipales", tal y como introduce la nueva redacción.

"Lo peor del reglamento va más allá de las cosas concretas, es la sensación de que todo va ser más difícil, más complicado y los derechos de los ciudadanos más limitados. El sistema sancionador, siempre muy estricto, afectaba fundamentalmente a los titulares de armas de fuego, pero con esta modificación el hecho de que te roben una navaja o una carabina de aire comprimido puede ser motivo de sanciones de miles de euros", lamenta Morrás. "Nuestra alegación fundamental es que se respete el acuerdo y se haga una transposición literal de la directiva y que se permitan las excepciones de tenencia y uso que este texto nos permite arbitrar".

Federación Española de Caza

Por último, la Real Federación Española de Caza (RFEC) muestra su "absoluta indignación" con el borrador del Gobierno, un texto que en ningún momento refleja los acuerdos a los que tanto el sector cinegético como sector armero llegaron con la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil", aclara en una nota.

Su presidente, Ángel López Maraver, lamenta "este cambio de actitud después de habernos hecho perder el tiempo durante casi un año en una veintena de reuniones, donde hemos trabajado intensamente con el ICAE para consensuar el borrador del reglamento de armas". El sector dice estar "muy preocupado" porque se fija un régimen sancionador extensible a todo tipo de armas reglamentadas, no sólo de fuego, "tratando así a los poseedores de cuchillos o armas de caza, tiro o carabinas de aire comprimido casi como a terroristas". Tal endurecimiento "no tiene igual en ningún país europeo", añade López.

Además, otro de los cambios indica que en los domicilios las escopetas necesitarán estar guardadas bajo llave, con munición por separado, y los rifles en un armero certificado (que no es lo mismo que homologado, aunque se va permitir su uso durante su vida útil) bajo las medidas que fije la Dirección General de la Guardia Civil, las cuales no se especifican. Asimismo, se eliminan las subastas de armas, mientras que las armas de aire comprimido pasarán a estar registradas, "lo que supone una carga administrativa para armeros, empresas y Administración, y perjudica directamente la cantera de cazadores que se inician con las armas de aire comprimido", concluye la Federación.

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