Desde que los taxistas iniciaron su cierre patronal en protesta por la competencia de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), sus acciones callejeras dan cuenta de la acelerada podemización de un sector cada vez más desprestigiado.
Las agresiones contra conductores de VTC y sus pasajeros, la ocupación ilegal e ilegítima de vías públicas y las operaciones de asedio contra sedes de formaciones políticas partidarias de la transformación del sector arrojan imágenes muy parecidas a las que se suelen protagonizar los CDR del separatismo golpista en Cataluña y los más asilvestrados grupos afines a Podemos. En esencia, su comportamiento está mucho más cerca del de los liberticidas movimientos antisistema que del de unos empresarios (los propietarios de licencias de taxi lo son) en demanda de modificaciones legislativas.
No es casualidad que el cierre patronal del taxi cuente con el respaldo del partido ultra Podemos. Ni que la Generalidad copada por Torra y su banda de supremacistas golpistas haya llegado a un acuerdo con los taxistas que pasa por la imposición de unas condiciones leoninas a los VTC.
Por supuesto, lo correcto es todo lo contrario. Nada hay que negociar con quienes exigen que se dé cumplimiento a sus demandas pisoteando los derechos de la ciudadanía. No sólo no hay nada que negociar, sino que ha de perseguirse con toda contundencia cualquier alteración del orden público y acto de intimidación.
En cuanto al fondo del asunto, el transporte de viajeros está llamado a transformarse radicalmente (ya lo está haciendo, de hecho) y el modelo que defienden los taxistas no es justo, ni realista ni sensato. El taxi tiene ante sí unos desafíos de gran magnitud, y no va a superarlos podemizándose de la peor de las maneras ni tomando como rehén a la sociedad.