David Álvaro García es licenciado en Ciencias Políticas y MBA. Ha desarrollado buena parte de su carrera en las altas esferas del Partido Popular, donde se mueve en la sombra como director de gabinete, escritor de discursos, estratega político y electoral… A todo ello hay que sumarle su papel en el ámbito académico, donde imparte docencia en distintas universidades.
Su nuevo libro se titula Cataluña, la construcción de un relato (Deusto, 2019). A lo largo de casi 400 páginas, el autor desgrana "las estrategias empleadas por el populismo identitario" para lanzar la agenda independentista que ha llevado a la región mediterránea a una situación caótica. Desde el punto de vista económico, su obra desnuda por completo el entramado económico que ha servido para apuntalar esta deriva.
"La búsqueda de la soberanía económica empezó con el Estatuto. En el debate sobre el mismo, la palabra competencia fue pronunciada en más de 300 ocasiones. Y no es ninguna casualidad que muchos de los artículos que fueron declarados ilegales por el Tribunal Constitucional se refiriesen a cuestiones económicas: sistema bancario (artículo 120, 126), sistema fiscal (artículo 206), autonomía financiera (artículo 218), etc. Desde un primer momento, el impulso independentista buscó tomar el control económico como palanca para su proyecto", explica.
Espionaje y acción exterior
Álvaro denuncia graves episodios que han pasado desapercibidos para el grueso de la opinión pública. "Nada más llegar a la presidencia, Carles Puigdemont hace que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña pase a depender de su oficina. Es entonces cuando se produce la clonación de tarjetas, el hackeo de correos electrónicos, los pinchazos telefónicos… Se llegó a negociar la venta de material sensible de espionaje por un importe superior a 20 millones de euros. Cada año, esta oficina contaba con personal pagado por los contribuyentes y desembolsos superiores a los 150.000 euros".
Algo similar ocurrió con las "embajadas" que Cataluña inauguró por todo el mapa global. "Primero se abre la de Berlín. Luego llega París, donde el alquiler superaba los 30.000 euros mensuales. Y desde ahí ya se descontrola todo. En Nueva York, por ejemplo, la delegación se ubica en el edificio Rockefeller Plaza, en pleno corazón de Manhattan", recuerda.
"Ese mismo año empezaron las aperturas en otras regiones: América Latina, Medio Oriente… Hasta 2012 mantuvieron esta estructura de representación que costaba más de 30 millones de euros anuales. Con Puigdemont, el gasto siguió creciendo hasta acercarse a los 40 millones. Y a eso hay que añadirle las 27 agencias comerciales que ya estaban operativas desde mucho antes y que, con sus 10 millones de euros de presupuesto anual, también servían de apoyo a la hora de internacionalizar el movimiento independentista", añade.
"Conviene recordar, por cierto, que el 70% de las nóminas correspondientes a estas oficinas en el extranjero eran de alto nivel salarial. Pero la cosa no acaba aquí. Desde 2013 hasta 2015, la agencia de lobby Independent Diplomat recibe 1,6 millones de euros de la Generalidad para realizar distintas campañas pro-independencia en el extranjero. Con Puigdemont, se mantiene la estrategia, pero cambian los actores: ahora la consultoría la hacía SGR Government Relations, a razón de 60.000 euros mensuales, también pagado todo con el dinero de los contribuyentes", continúa.
Formación de opinión pública
Los tentáculos del independentismo también se apoyan en un complejo entramado audiovisual coronado por TV3. "Manejan 300 millones de euros al año y su plantilla supera los 2.300 empleados, cuyo sueldo medio es de 68.771 euros. La deriva del canal se constata en el desplome de los ingresos publicitarios, que han bajado de 150 a 40 millones. Sin embargo, en 2018 vimos que una de las primeras medidas del gobierno de Quim Torra fue rescatar a TV3 con una inyección de 20 millones de euros", apunta el autor de Cataluña, la construcción de un relato.
A esto hay que sumarle el rol de las empresas que proveen servicios a dichos medios. "Si analizamos a las diez productoras que reciben más contratos por parte de los medios públicos, vemos que desde 2005 han recibido 669 millones de euros. Por eso no sorprende que muchas de estas empresas tengan fuertes vínculos con el independentismo", apunta Álvaro.
Eso sí: "TV3 es solo una parte de esta estrategia, puesto que los Presupuestos Generales de la Comunidad de Cataluña incluyen además 20 millones de euros en subvenciones concedidas cada año a más de 500 medios de comunicación privados. El desglose incluye todo tipo de publicaciones: más de 200 medios impresos, cerca de una veintena de canales de televisión, dos decenas de emisoras de radio… El etnopopulismo busca politizar todos los espacios mediáticos, para que ningún ciudadano escape del cedazo secesionista".
Agitación subvencionada
Las principales entidades defensoras del independentismo beben también del maná que supone el presupuesto público consignado a favorecer la secesión. "Òmnium recibió 600.000 euros de la Administración Pujol para comprarse una nueva sede. Bajo gobierno de Artur Mas, en plena aplicación de medidas de austeridad, la entidad recibió ayudas anuales de más de 400.000 euros. Entre 2006 y 2016, Òmnium capta más de 10 millones de euros de las arcas públicas", explica el politólogo. "Pero luego está también la Asamblea Nacional Catalana, sobre cuya financiación existe todo tipo de dudas, sospechas y polémicas".
La operativa de estas organizaciones está siendo investigada por diversos órganos competentes. "En 2015, la Agencia Tributaria impuso una sanción a la ANC por no pagar los impuestos pertinentes derivados de la venta de ciertos artículos y productos propagandísticos. A esto hay que sumarle numerosas sanciones en materia de protección de datos", recuerda el también profesor universitario.
La gran mentira económica
El independentismo también habla de economía para denunciar los supuestos "abusos" que sufre la región en materia de financiación. Nuestro entrevistado niega el discurso del España nos roba: "De 1996 a 2016, Cataluña es la región más beneficiada por la inversión del Estado. Hablamos de 35.000 millones de euros, un 14% más que la segunda comunidad que más fondos recibió, Andalucía. El resultado son infraestructuras de muy alto nivel: cuatro provincias conectadas por AVE, instalaciones aeroportuarias de primera división, etc.". Otro ejemplo serían "los más de 68.000 millones de euros que se han consignado desde el Estado para evitar la quiebra de Cataluña y mantener en pie los servicios públicos".
Pero, ¿qué hay de la financiación autonómica y las "balanzas fiscales"? Álvaro cita datos del Ministerio de Hacienda para argumentar que "el déficit fiscal de Cataluña es del 5% del PIB, mientras que en Madrid vemos que dicho indicador es casi el doble, puesto que llega al 9% del PIB".
Y tampoco cabe hablar de un asfixiante centralismo: "No podemos olvidar que las comunidades autónomas disponen de un nivel de autogobierno económico y presupuestario muy elevado. La OCDE, en su clasificación de autonomía fiscal de administraciones regionales y locales, atribuye a las Comunidades Autónomas un 23% de los ingresos impositivos, un porcentaje superior al de los Estados de países federales como Alemania con un 21% o Estados Unidos con un 20%".