Abatidos, decepcionados y frustrados se encuentran los padres españoles que siguen atrapados en Ucrania, y ahora se suman nuevos afectados en la misma situación en Georgia. Una treintena de familias continúa a la espera de que los consulados españoles en ambos países reconozcan a sus hijos y los inscriban para obtener el pasaporte que les corresponde y poder regresar a sus casas. Por ahora, la opción que están tomando algunos de ellos es que el recién nacido obtenga el pasaporte ucraniano o georgiano con las consecuencias que esto tiene: llegar como extranjeros a su propio país.
Vanesa de León, vicepresidenta de la Asociación por la Gestación Subrogada en España (AGS), desvela a este diario el infierno burocrático al que el Gobierno del PSOE está sometiendo a las familias que van a recoger a sus bebés en el extranjero. "Esto antes no pasaba, es muy raro y es demasiada coincidencia que toda esta pesadilla comience con la llegada del PSOE al poder, el pasado verano. Un Gobierno que está en contra de que mujeres como yo, que no pueden tener hijos, cumplamos nuestro sueño de forma libre y consensuada con una gestante", apunta. Y aclara que el problema no es de Ucrania ni de Georgia, ya que "allí está regulado, ellos nos reconocen como padres sin problemas, como debiera ser en España".
La AGS ha informado que es el consulado español el que pone trabas a los padres por gestación subrogada y las citas para obtener la inscripción del menor como ciudadano español se han convertido en una odisea. "Las delegaciones en Ucrania y Georgia nos dicen que el Gobierno central ha reducido el personal de funcionarios, por lo que no pueden acelerarnos las citas. Imagina que muchas de estas familias tienen que volver a sus trabajos en España. Están en un hotel allí en un limbo absoluto", confiesa De León, que fue madre por gestación subrogada de mellizos hace dos años.
Tal y como revela la AGS, el calvario de la eterna espera en la embajada española no termina cuando llega el día de la cita. Al no estar regulada la gestación subrogada en España, la gestante debe presentarse ante el consulado español y declarar que el recién nacido no es suyo, a pesar de que las familias llevan su partida de nacimiento. Como dice De León, "en España madre es la que pare, y ya está. Nosotras, después, tenemos que adoptar a nuestros hijos cuando volvemos a nuestras ciudades".
Pero si la adopción posterior es ya de por sí un problema que tendrán que resolver en los juzgados, ahora se les suma el hecho de que el bebé de progenitores españoles sea ucraniano o georgiano, un dislate al que no encuentran solución: "Los niños están ya llegando en calidad de extranjeros y ahora están todos de juicios".
Además, las víctimas del bloqueo en los expedientes tienen claro que esto está orquestado por dos políticas socialistas que se han posicionado en contra de la gestación subrogada equiparándolo con delitos por tráfico de órganos. "Esto no tiene sentido, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, están provocando esta lamentable situación para las familias. Es muy injusto", concluye la portavoz de la entidad que lucha por la regulación de la gestación subrogada en España.