El pleno del Parlamento de Baleares ha aprobado este martes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, entre otras medidas, prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares desde 2025 y prevé el cierre de las centrales energéticas contaminantes en las Islas, con el objetivo de desterrar los combustibles fósiles y alcanzar un 100% de energías renovables en la Comunidad para 2050.
Durante el debate en el Parlamento no se ha aprobado ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados. En su defensa de la norma, el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha avisado de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la Ley son "asumibles y ambiciosos".
Prohibición de gasolina
En las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050. Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 –coches, motos, furgones y furgonetas–. Los ya existentes en Baleares antes de esa fecha podrán seguir circulando. También introduce cambios para las empresas de alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.
La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.
El consejero de Energía ha intervenido en primer lugar para defender el Proyecto de Ley, resaltando la "necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas", una Comunidad con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, ha avisado. En esta línea, el consejero ha insistido en que la norma "es la hoja de ruta" para "hacer efectivo el cambio de modelo" y que es una Ley "de hechos y no intenciones". Pons también ha criticado a quienes se oponen a la Ley "con la intención de mantener el mayor tiempo posible el actual modelo energético, que tantos beneficios genera".
Tras la aprobación de la Ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons ha confiado en que tiene "toda la cobertura jurídica" y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal "donde haga falta" y "con todos los argumentos".
Críticas a la carta
La carta remitida este lunes al Parlamento por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrado buena parte del debate. En este escrito, el presidente del organismo avisaba de los "efectos negativos" de la norma que finalmente se ha aprobado este martes, y proponía "medidas menos gravosas".