El mantenimiento del sistema público de pensiones condenará a la sociedad española a un conflicto generacional, entre jóvenes y pensionistas, en caso de que no se adopten reformas estructurales para garantizar su sostenibilidad financiera. Esta es la principal conclusión que se puede extraer del último Observatorio de Deuda publicado el pasado jueves por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
La reciente vinculación de las pensiones al IPC, con la consiguiente derogación de la reforma aprobada en 2013 por el Gobierno del PP, impedirá, en primer lugar, que la deuda pública baje del 90% del PIB durante la próxima década, siempre y cuando no se adopten medidas adicionales para elevar los recursos o recortar los gastos de la Seguridad Social. Pero lo más grave sucederá a partir de 2030, momento en el que la ratio de deuda sobre el PIB volvería a ser creciente, hasta sumar un total de 50 puntos en el año 2048.
"La vinculación de las pensiones a la inflación supone una presión sobre el gasto, especialmente a partir de los años 30, como consecuencia de la jubilación de las cohortes del baby boom. A falta de medidas que la compensen, esta deriva implicaría un aumento en la deuda pública acumulado de unos 50 puntos de PIB en 2048", enfatiza el estudio.
Como resultado, la deuda pública rondaría el 130% del PIB dentro en un horizonte de 30 años, lo cual supondría un nuevo récord histórico. Así pues, el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados mediante la revalorización de las pensiones en función del IPC ahogará en un mar de deuda pública a los futuras generaciones, especialmente a los jóvenes, que serían los encargados de tener que hacer frente a semejante factura con sus impuestos.
En el escenario central que maneja la AIReF, sin la adopción de medidas correctoras, el gasto en pensiones se elevaría del actual 10,6% al 13,4% del PIB en 2048, mientras que el déficit de la Seguridad Social se situaría en el 1,5% PIB en promedio en el periodo 2018-2048.
Por el contrario, la AIReF estima que la deuda podría estabilizarse por debajo del 75% del PIB siempre y cuando se apliquen duros recortes de gasto en el resto de subsectores públicos (Gobierno central, CCAA y ayuntamientos) para compensar el creciente aumento de las partidas destinadas al pago de pensiones. Un escenario, en todo caso, improbable, ya que "implicaría alcanzar y mantener indefinidamente saldos primarios muy exigentes desde una perspectiva histórica, en particular para la Administración Central, en línea los máximos observados en los últimos 20 años", añade el informe.
Por último, para lograr reducir la deuda en 2031 hasta el límite del 60% del PIB que exige la normativa de la UE, además del esfuerzo previo, sería necesario poner en marcha una nueva reforma paramétrica, en línea con la aprobada por el Gobierno del PSOE en 2011, para retrasar la edad de jubilación y ampliar de nuevo la base de cálculo de las pensiones. De hecho, la AIReF estima que con estas medidas sería posible revertir el aumento de deuda previsto por la vinculación de las pensiones al IPC, hasta el punto de situarse por debajo del 40% del PIB en 2048.
