En 2016, los capítulos de la CEOE en Cuenca y Teruel sumaron fuerzas con la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria para constituir la oficina española de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA, por sus siglas en inglés). Entre 2017 y 2018, este colectivo fue incorporando nuevas entidades interesados en abrir un debate constructivo sobre los retos que entraña la despoblación del medio rural.
Ahora, de la mano de un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid, la SSPA ha presentado un estudio que defiende la introducción de una fiscalidad despoblada en estas áreas del país. La idea general es replicar el sistema tributario de Canarias, Ceuta o Melilla en demarcaciones con niveles especialmente reducidos de población.
El análisis se centra en tres provincias tipo: Cuenca, Soria y Teruel. El denominador común de dichos territorios es que cuentan con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que las convierte en zonas escasamente pobladas, según el criterio oficial de la Comisión Europea. Eso sí: el cálculo podría ampliarse en el futuro, puesto que hay casi 1.300 municipios con menos de 100 habitantes, de acuerdo con las cifras de población del INE.
Para revitalizar estos espacios, que el informe define como Ultraperiferia Demográfica Española o UDE, las medidas sugeridas por SSPA incluirían una amplia gama de bonificaciones y deducciones nacionales y autonómicas que, en la práctica, reducirían un 50% el pago por IRPF, Patrimonio, Sucesiones/Donaciones y Sociedades.
Según los cálculos de SSPA, el impacto en las cuentas de la Agencia Tributaria no sería significativo, puesto que el despliegue de estas medidas en las tres provincias menos pobladas solo restaría alrededor de 335 millones de euros de recaudación. Eso sí: la riqueza generada bajo el nuevo marco impositivo aumentaría el PIB de estas tres provincias en 260 millones y generaría 4.000 empleos extra cada año, lo que retornaría 80 millones al fisco.
Los investigadores son conscientes de que algunos contribuyentes podrían intentar engañar a Hacienda y beneficiarse de estas medidas sin residir de facto en estos territorios. En este sentido, el informe sugiere distintos sistemas de inteligencia artificial que, con gran sencillez y un reducido coste para el erario público, evitarían cualquier abuso.