La popular empresa española Osborne mantenía una batalla legal contra la empresa búlgara Torro desde hace tres años y, finalmente, el Tribunal General de la Unión Europea ha terminado fallando a favor del Toro español. Todo se remonta al año 2015, cuando la empresa del este de Europa, llamada Torro Entertainment Ltd., solicitó registrar su marca en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
La compañía del Puerto de Santa María recurrió por vía judicial el registro de esta marca, ya que chocaba y podía confundir a los consumidores con la marca de Osborne Toro. Todo era cuestión de una ‘r’, que ha terminado siendo decisiva para que la Justicia europea.
La empresa búlgara quería registrar la marca Torro y ampliar servicios, que iban desde el análisis de gestión, publicidad, promoción y marketing hasta la venta de bebidas alcohólicas. En febrero de 2016, Osborne recurrió a la EUIPO, quien en primera instancia desestimó el registro de Torro para todos sus servicios.
Torro decidió recurrir la decisión y este mismo organismo anuló parcialmente su opinión anterior, al considerar que había sectores del negocio búlgaro que no entraban en conflicto con la marca española. A pesar de que la EUIPO dejó a la empresa búlgara usar su marca para algunas actividades, esto no fue suficiente para la española, que decidió recurrir a los tribunales de la UE. Varios meses después, la Justicia ha resuelto que primará. única y exclusivamente la marca Toro para todos aquellos productos que entren en conflicto y puedan confundir al consumidor.
El tribunal señala que el elemento dominante de la marca búlgara es el término "torro", que presenta "al menos una similitud escasa" con "TORO" desde el punto de vista gráfico y es "muy semejante en el plano fonético" para el público anglófono. La corte europea dio la razón a la EUIPO en su estimación de que estas similitudes "son suficientes para concluir que hay riesgo de confusión entre ellos", incluso cuando los signos enfrentados representan servicios escasamente similares, ya que la similitud podría incitar al público a creer que se trata de empresas vinculadas. Ahora, la búlgara tiene dos meses para interponer un nuevo recurso de casación ante los tribunales.