La consejera de Justicia de la Generalidad de Cataluña, Ester Capella, ha anunciado este lunes que preparan un proyecto de ley para regular los alquileres de viviendas, a través del Código Civil catalán, que alargará la duración mínima de los contratos a entre seis y diez años y prevé poder limitar precios.
En una comparecencia en el barrio del Raval de Barcelona, junto al director general de Derecho y Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí, Capella ha explicado que están estudiando que la norma establezca condiciones diferentes para particulares y sociedades, y que la duración mínima de los contratos para los primeros será inferior que los segundos.
El nuevo proyecto prevé posibilitar la limitación de los precios de alquiler al departamento competente en materia de vivienda directamente o capacitando a los ayuntamientos para hacerlo, e incluirá un paquete de medidas para que el arrendamiento de inmuebles se haga con mejores garantías y que busque "la preservación de derechos y deberes de todas las partes".
Capella ha destacado en su intervención que la Generalidad actúa en "el ejercicio de sus competencias propias como país" y que prevé poder debatir la ley en el Parlamento regional a finales de año, y que se presente la memoria preliminar a finales de abril. Así, ha resaltado que es "la obligación principal" de todo representante político desplegar la legislación que quiere proteger e intentar mejorar la vida de la ciudadanía, y es una prioridad del Gobierno catalán regular el contrato de arrendamiento.
"Competencias propias"
Al preguntársele si teme que el Gobierno central pueda recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, la consejera ha pedido al Ejecutivo que "respete las competencias propias del Govern de Catalunya", y ha destacado que se están limitando a aplicar el Estatuto en el marco del desarrollo del derecho privado.
El objetivo de esta nueva norma es ejercer la competencia exclusiva en materia de derecho civil para contribuir al acceso a la vivienda y hacerlo compatible con el turismo y el negocio inmobiliario, ha destacado el departamento en un comunicado. Según Capella, el nuevo decreto quiere "evitar la litigiosidad cuando se rescinde un contrato", así como la estabilización del mercado de alquiler, reduciendo la diferencia entre el incremento de los precios de alquiler y el estancamiento de los salarios.
La duración mínima de los alquileres era de cinco años hasta 2013, cuando se redujo a tres años con la reforma de la Ley de arrendamientos urbanos (Lau), y ahora el Gobierno central está pendiente por segunda vez de que el Congreso apruebe su Real decreto ley para volver al plazo de cinco años.