FIDE, la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, ha constituido un grupo de trabajo orientado a mejorar la gobernanza de las sociedades de titularidad pública. Este informe destaca que nuestro país mantiene 5.571 entidades vinculadas a las distintas instituciones del Estado, de las que 2.282 (el 39%) son sociedades mercantiles u organizaciones de corte empresarial.
Los expertos de FIDE han constatado que, a partir de 1998, el número de empresas públicas estatales se redujo en 116 unidades, mientras que la dimensión regional siguió el camino inverso y desarrolló 281 entidades de este tipo. No obstante, la parte del león es la de los Ayuntamientos, que crearon 1.003 entes durante las dos últimas décadas.
Existen grandes diferencias por comunidades autónomas. En Andalucía existen 1.036 entidades públicas, mientras que en Cataluña hay otras 1.107. Son las dos regiones en las que la Administración Paralela tiene más peso, con todo lo que ello supone en términos de opacidad y falta de transparencia. En el extremo opuesto está Madrid, con 269 entes de este corte.
De acuerdo con los cálculos de la Fundación FIDE, si nos fijamos únicamente en el Sector Público Estatal vemos que las empresas existentes contratan a 141.000 trabajadores, presentan una cifra de negocio de 27.000 millones de euros, gestionan activos por valor de 226.000 millones y mantienen un endeudamiento de 63.000 millones (más del 5% del PIB).
El documento subraya el flojo desempeño de estas entidades a la hora de mejorar su gobernanza corporativa. No hablamos de una cuestión menor, porque se estima que el sector público empresarial cuenta con alrededor de 10.000 consejeros. Así, FIDE recomienda "mayor profesionalización e independencia" en estos cargos, así como un nuevo modelo de "mayor y mejor supervisión financiera" y el desarrollo de una "política de propiedad que no interfiera en la gestión".
Sobre la politización en cargos directivos de entes públicos, el estudio muestra que "los informes de la OCDE hablan de España como uno de los países que experimenta mayores niveles de rotación en los cargos públicos ante los cambios de gobierno. Frente a este modelo tenemos el ejemplo de muchos otros países donde la alternancia en el poder apenas releva al 5% de los altos cargos (caso de Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos).