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La corrupción del PSOE andaluz ha tenido un coste de hasta 1.600 euros por hogar

Las doce instrucciones más significativas suman más de 500 imputados, todos ellos vinculados al PSOE.

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La corrupción del PSOE andaluz ha tenido un coste de hasta 1.600 euros por hogar
Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía | Archivo

El gobierno andaluz que preside Juanma Moreno ha empezado a desarrollar el programa de regeneración acordado por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. En las últimas semanas se ha constituido una Oficina contra el Fraude y la Corrupción que tiene como objetivo asegurar la prevención, detección y denuncia de malas prácticas o comportamientos irregulares en la esfera pública andaluza.

Las cifras que maneja la vicepresidencia y que ya han sido divulgadas entre los medios regionales hablan de malas prácticas que podrían haber supuesto el desvío fraudulento de 5.000 millones de euros de dinero público. Esta cifra equivale a 600 euros por cada habitante de la región o, lo que es lo mismo, 1.600 euros por hogar. El grueso de dicha malversación está ligado a doce tramas que van a ser estudiadas desde la Junta pero ya están siendo investigadas desde hace muchos años por la Justicia.

El nuevo gobierno ha solicitado al Parlamento la constitución de una Comisión de Investigación que auditará las cuentas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Dicho ente está en el punto de mira desde que las pesquisas de la Guardia Civil sacaron a la luz gastos de decenas de miles de euros que habrían terminado en clubs de alterne frecuentados por los altos cargos socialistas de la Fundación. La lista de irregularidades puede ser muy larga, puesto que este ente ha recibido 55 millones de euros en subvenciones que no han sido justificadas.

En paralelo, la Justicia sigue avanzando en su intento por desentrañar la tela de araña de la corrupción andaluza, denunciada desde hace años por Libertad Digital y su corresponsal en la región, Pedro de Tena. Las doce instrucciones más significativas suman más de 500 imputados, todos ellos vinculados al PSOE y su largo periplo de gobierno en Andalucía. La sospecha es que hasta 4.730 millones de euros de dinero público han sido desembolsados de manera irregular.

Quizá el caso de los ERE fraudulentos es el más visible. Los más de veinte ex dirigentes socialistas que están investigados por desarrollar dicho sistema habrían comprometido 680 millones de euros de forma indebida. Más importante aún es el desfalco de la agencia pública IDEA, donde la Junta habría desviado 3.500 millones de euros para gastar de forma opaca y discrecional.

Otro escándalo que también está en manos de la Justicia es el de la agencia Invercaria, una empresa de capital riesgo cuyas irregularidades ascenderían a 8 millones de euros. La trama afecta a decenas de sociedades y, por su elevada complejidad, ha sido fraccionada en más de una decena de piezas.

Protección a los denunciantes

Elías Bendodo, portavoz del gobierno de Juanma Moreno, ha anunciado que el gobierno de coalición entre los populares y Ciudadanos está empezando a mover ficha para garantizar la protección efectiva de aquellas personas que denuncien prácticas fraudulentas y corruptas en la Administración regional.

En opinión de Bendodo, es crucial que estas personas "tengan garantizado el derecho a la protección de su identidad, a la asistencia jurídica, al cuidado psicológico y al blindaje de sus condiciones laborales frente a cualquier posible represalia. Para que la lucha contra la corrupción sea efectiva, hay que promover la participación de la sociedad en el control eficaz de sus instituciones. Con frecuencia, hay personas que tienen conocimiento de actuaciones irregulares pero muestran reticencias a denunciar estas prácticas por miedo a las consecuencias. Por tanto, hay que generar un mecanismo capaz de otorgar confianza y de animar la implicación de los ciudadanos en este tipo de denuncias".

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