El populismo energético predominante en nuestro país no tiene límites. Llevamos tanto tiempo soportando decisiones marcadamente erróneas que normalizamos situaciones que deberían alarmarnos. No por cuestiones ideológicas. Sencillamente, porque nos empobrecen.
El próximo mes de abril el recibo de la luz volverá a subir debido a un nuevo aumento de impuestos. Una luz que solamente deben pagar "los ricos" o que solamente usan las malvadas "grandes empresas". Y es que, al parecer, tras una colección de decretazos que suponen más de 5.000 millones al año a todos los españoles -más de 260 euros al año por trabajador-, ahora parece que prorrogar la supresión del impuesto del 7% a la generación eléctrica podría ser considerado "electoralista" y, por tanto, el Gobierno del PSOE ha decidido reimplantar el gravamen, con la consiguiente subida de la factura para empresas y familias.
En los últimos 10 años el gasto medio por hogar en energía se ha incrementado un 34%. Las empresas también soportan uno de los mayores costes de Europa. Esto implica, por un lado, una pérdida relevante de competitividad internacional y, por otro, una doble pérdida de poder adquisitivo para las familias: el directo por el encarecimiento de la factura y el indirecto por un incremento del IPC ante la subida de los costes empresariales.
Pero todo sea por mantener la independencia y transparencia del proceso electoral. El precio medio final de la energía en el mercado eléctrico fue de 64,38 euros, un 6,3% más que el dato de 2017, siendo este último ya un máximo desde 2008. La tendencia al alza de los dos últimos años, en un entorno de incremento de la demanda, refleja, sencillamente, tremendos desajustes en el mercado energético. Es curioso ver cómo la política energética es la principal responsable de la subida de la factura eléctrica en nuestro país en, prácticamente, todos los eslabones de la cadena de valor. Empecemos:
Primero, el mix de potencia instalada arroja ineficiencias cuando lo comparamos con el mix de energía producida. Energías ineficientes desde el punto de vista económico mantienen una capacidad instalada elevada en comparación con la electricidad generada, mientras que, por ejemplo, la energía proveniente de centrales nucleares sufre de la situación contraria. ¿Adivinan qué subyace a esta situación? Correcto. Los miles de millones de subvenciones a las renovables que hemos pagado los españoles durante los últimos años, que han creado enormes parques renovables incapaces de producir energía de forma barata y sin interrupciones temporales.
La sobrecapacidad se paga. Especialmente, si es producida por modelos de subvenciones ineficientes y desincentivadores. La CNMC, en un informe de enero de 2018, señala que, "incluso en el escenario más desfavorable considerado para la punta, el sistema eléctrico español podría prescindir sin riesgo de un 30% del parque de carbón existente". Esta cifra llega a alcanzar el 50% de dicho parque si se considera el escenario más favorable. Según el organismo, no sería necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021. La consecuencia de este modelo es un 11% de sobrecoste en el precio de la energía producida en España en el marco de los mercados eléctricos mayoristas europeos, según Eurostat. Una fiesta con cargo a su bolsillo.
En segundo lugar, un 55% de lo que paga en su factura son, sencilla y llanamente, impuestos.
¿Puede usted pagar menos por su electricidad? Notablemente. El 7% de la generación es sólo la punta de lanza con la que justifican el incremento de la factura eléctrica que pagaremos desde abril. Es cierto que existen muchos hogares con la tarifa congelada para el próximo año, pero, a día de hoy, no tiene visos de que esta situación vaya a cambiar. Así, usted, probablemente, no pagará en abril, pero sí en 2020. Todo por evitar adulterar las elecciones generales. "El bien social" y tal.
España se encuentra entre los países líderes en términos de precio de la electricidad pagada por ciudadanos y empresas. Todo un logro para nuestro gobierno socialista y su sucedáneo Podemos, vistas sus últimas propuestas.
El plan de transición energética presentado por la ministra del ramo, Teresa Ribera, es un papel para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, pero vacío de contenido. Al menos, si lo miramos desde la óptica del que quiere un sistema energético competitivo, sostenible y seguro con el que cubrir la evidente -y creciente- necesidad de electricidad en nuestro país.
Ahora Podemos también pretende poner encima de la mesa el debate climático y no duden de que será una verdadera afrenta contra las eléctricas. Apuesto por repetir -e incrementar- el fallido modelo a las renovables y por la muerte de la nuclear, aparte de un coche eléctrico que aún no está desarrollado y que no permite afrontar los retos del transporte.
¿Saben en qué se va a traducir esto? Nada como un ejemplo para que lo entiendan. Hace 10 ó 15 años se puso muy de moda entre los intervencionistas un modelo de gestión del tráfico en las grandes urbes consistente en gravar de forma directa el estacionamiento de vehículos. Así nació, primero, la zona azul y, después, la zona verde. El objetivo era atajar la contaminación de las ciudades más grandes del país. Hoy, las zonas de estacionamiento regulado predominan en los municipios españoles, grandes y pequeños, con elevados grados de contaminación y sin ellos.
Una vez logrado el objetivo de empobrecer al ciudadano, proponen nuevas medidas -de extracción fiscal, claro- para solucionar los mismos problemas. Ahora que la población ha normalizado una situación que nunca debería haberse producido porque no ataja los problemas de raíz, sacamos la misma guerra a primera plana para seguir sablando el bolsillo del contribuyente.
Cuando le hablen de pobreza energética los mismos que pretenden subirle los "impuestos verdes", recuerde: no está cediendo su libertad para salvar el planeta, está concediendo un cheque en blanco sin contrapartida.