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Los viernes del despilfarro y la compra de votos

Cada "viernes social" anunciado por Sánchez engordarán el déficit en unos 1.200 millones, cuyo coste recaerá en familias y empresas españolas.

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Nuevo Consejo de Ministros y nueva ocasión que aprovecha el Gobierno del PSOE para engordar su particular campaña electoral haciendo uso del dinero de todos los españoles, a pesar de que las Cortes han sido disueltas y la vía del decreto ley fue ideada exclusivamente para aprobar medidas de urgente y extraordinaria necesidad, exigencia que, evidentemente, no se cumple.

En esta ocasión, el Ejecutivo ha anunciado la creación de más de 33.000 plazas de funcionarios para 2019 en la Administración General del Estado, con todo lo que ello supone en cuanto a incremento del gasto estructural. Asimismo, entre otras medidas, el Ministerio de Hacienda acaba de derogar la famosa regla de gasto por la puerta de atrás, ya que permitirá a ayuntamientos y comunidades autónomas gastarse el superávit acumulado en 2018, en lugar de destinarlo a la reducción de su elevado endeudamiento. La aplicación de esta regla, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, fue clave a la hora de poner algo de orden en las quebradas cuentas de la Administración territorial, especialmente a nivel local. Sin embargo, Sánchez vuelve a abrir el grifo del despilfarro y el despropósito presupuestario para que sus barones dispongan de manga ancha de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Si a todo ello se suman todas las medidas electoralistas aprobadas en las última semanas, no es de extrañar que el Banco de España advirtiera en su último informe sobre las negativas consecuencias de la política expansiva que está protagonizando el PSOE. En concreto, el regulador financiero avanzó que el déficit rondará el 2,5% del PIB este año, casi el doble del objetivo inicialmente acordado con Bruselas, del 1,3%, y apenas una décima menos que el descuadre registrado en 2018. Este desvío, superior a los 12.000 millones de euros, significa, ni más ni menos, que cada uno de los "viernes sociales" anunciados por Sánchez engordarán el déficit en unos 1.200 millones de euros adicionales, cuyo coste, evidentemente, recaerá, una vez más, en las familias y empresas españolas.

Disparar el gasto con semejante descaro y grado de irresponsabilidad ya es grave de por sí, pero hacerlo, además, en un contexto como el actual, donde la desaceleración económica se intensifica, constituye un creciente factor de riesgo a tener muy en cuenta. La combinación de elevada deuda pública, superior al 97% del PIB, alta tasa de paro, descuadre fiscal y, sobre todo, una política económica sustentada sobre las subidas de impuestos y la imposición de nuevas trabas y dificultades a la creación de riqueza y empleo es, sin duda, la receta ideal para regresar, tarde o temprano, al atolladero de la crisis.

España no necesita históricas ofertas de empleo público para que el PSOE compre votos, sino unos servicios ágiles y eficientes, al igual que no precisa de nuevas prestaciones o subvenciones, sino un mercado laboral flexible que permita acabar con la lacra del paro para que la gente pueda ganarse la vida honradamente por sus propios medios, al tiempo que se facilita el nacimiento y el desarrollo de las empresas, así como la mejora de su productividad, única vía posible de subir los salarios de forma sana y sostenible en el tiempo. El modelo de Sánchez no es otro que el del clientelismo político, la ineficiencia administrativa y el asistencialismo social, cuya aplicación condenaría al país a una creciente senda de empobrecimiento.

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