Decir siempre la verdad puede que sea una buena estrategia para afrontar el Juicio Final, sin duda, pero está más que comprobado que no resulta la mejor idea si lo que se persigue es el objetivo mucho más vulgar y prosaico de ganar unas elecciones. Y ocurre que en España nadie puede contrariar en exceso a los pensionistas si pretende mudarse a la Moncloa con alguna mínima probabilidad de éxito en el empeño. Eso, simplemente, es así. Es así y punto. No se trata ahora de juzgarlo, sino de constatarlo. De ahí que los socialistas, que ese tipo de cosas las suelen traer sabidas de casa, anden propalando la especie de que el de las pensiones, junto al catalanismo asilvestrado el problema más grave que deberá afrontar España en la primera mitad del siglo XXI, se podría resolver apelando al muy recurrido curalotodo de los impuestos. El problema es que no se podrá hacer. No se podrá hacer porque sería imposible. Pero ellos, es sabido, no aspiran al Cielo, sino a solo conservar sus despachos oficiales. Las ventajas del materialismo filosófico, que alguna tenía que tener.
Se miente y nos miente, pues, el presidente del Gobierno cuando vincula pensiones y fiscalidad en clave de esperanza y de futuro. Se miente y nos miente porque se oculta y nos oculta el factor determinante que convierte en quimérico su cuento fiscal de la lechera. Un factor crítico que no es otro que el demográfico. En España, y a lo largo de al menos las dos próximas décadas, se estima que la población en edad de trabajar va a ir reduciéndose a un ritmo de en torno el 0,7% anual. Asunto, el de que aquí ya no nazca gente en cantidades razonables, que no tendría demasiada importancia si no fuera porque la población en edad de dejar de trabajar se incrementa a una tasa muy superior. En concreto, los nuevos jubilados crecen a un ritmo próximo al 1,7% anual. Y una diferencia numérica de semejante magnitud es sencillamente imposible que se pueda lidiar con impuestos. I-m-p-o-s-i-b-l-e. Imposible porque, en 2030, las cotizaciones de los activos ya apenas aportarán el 75% del dinero necesario para cubrir los compromisos de pago del sistema. Ergo, faltará en la caja de la Seguridad Social una cantidad equivalente al 3% del PIB. Y el 3% del PIB, euro arriba, euro abajo, es más o menos la mitad de lo que el Estado recauda en concepto de IRPF.
Nada menos que la mitad. Lo que están prometiendo alegremente los socialistas, en consecuencia, es que se podría desviar, y exclusivamente para el pago de las pensiones, el 50% del dinero del IRPF. Y sin que pasara nada, claro. O sea, sin que el Estado tuviera que renunciar a gran parte de sus gastos corrientes por falta de recursos para financiarlos. Pero es que, en 2035, los cotizantes apenas aportarán el 66% del dinero que requerirá el sistema para honrar sus compromisos. Estaremos hablando de un desajuste próximo al 5% del PIB. Pero resulta que un 5% del PIB viene a ser un 75% de lo que ingresa el Estado en concepto de IRPF. ¿Cómo diablos puede decir un gobernante de un país europeo, occidental y escolarizado que tiene previsto desviar prácticamente toda la recaudación del impuesto personal sobre la renta al pago de las pensiones? Con un par.