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El Gobierno prohíbe los cortes de luz, agua y calefacción en olas de frío y de calor

Apuesta por un nuevo bono social energético que cubra todas las fuentes de suministro y que sea de concesión automática.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que concluye que es preciso elaborar un nuevo bono social, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro, tanto eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina.

La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica prohíbe cortar el suministro energético en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío de calor.

Esta restricción se suma a las ya existentes de no cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.

Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago, que hasta ahora para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio.

La Estrategia aumenta el plazo otros cuatro meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad, informó el Ministerio para la Transición Ecológica.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el objetivo de esta medida, junto al Real Decreto por el que se regulan las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica, también aprobado este viernes, es "poner a la ciudadanía en el centro del nuevo sistema energético".

La iniciativa, dividida en cuatro ejes de actuación y 19 medidas, ofrece por primera vez una definición oficial sobre la pobreza energética, establece cuatro indicadores (gasto desproporcionado, pobreza energética escondida, incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada y retraso en el pago de las facturas) para su seguimiento, que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios, y objetivos para su reducción a 2025, con una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%.

Rehabilitación de viviendas

Otro de los frentes en los que la Estrategia plantea acciones a corto, medio y largo plazo es en la rehabilitación energética de viviendas y eficiencia energética, con el objetivo de ampliar paulatinamente el peso de medidas estructurales frente a las prestacionales, bono social, para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural.

Así, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda...); a medio plazo se apuesta por el fomento de parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por otros dispositivos más eficientes energéticamente mediante subvenciones.

A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios, teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales, tales como la utilización de materiales sostenibles o la accesibilidad y; se podrán identificar aquellas edificaciones con peor comportamiento energético derivado de sus características constructivas, en el marco de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España del Ministerio de Fomento.

El Ministerio para la Transición Ecológica indicó que el cruce de esta información con los indicadores de situación de vulnerabilidad permitirá proponer medidas específicas para este tipo de comunidades.

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