Que unos okupas se atrincheren en su domicilio es uno de los mayores temores para cualquiera que tenga una vivienda en propiedad. Tanto si han entrado por la fuerza, como si se trata de inquilinos morosos que se niegan a abandonar la casa, la desprotección que sufren los dueños no tiene límites.
Conseguir echar a los okupas y recuperar su vivienda supone un auténtico calvario para unos propietarios que se encuentran indefensos ante estos enemigos de la propiedad privada. Una vez han logrado que se marchen, la siguiente odisea que se les presenta es reconstruir un hogar que en algunas ocasiones ha quedado completamente destrozado. En estos casos, el coste de reparar los daños también saldrá del bolsillo de los dueños, para los que será tarea imposible conseguir una compensación económica.
Por todo ello, vamos a desglosar qué propone cada partido político para atajar el fenómeno de la okupación, aunque algunos hayan decidido ignorar el problema. De cara a las próximas elecciones del 28-A, el bloque de la centro-derecha sí ha presentado medidas concretas contra los okupas, a diferencia del PSOE, que no tiene ningún plan, y de la condescendencia de Podemos.
El PP no les dejará empadronarse
El Partido Popular (PP) le ha dedicado su medida número 446 a la Lucha contra la ocupación de viviendas. Dentro de las 102 páginas de su programa electoral que han dividido en 10 capítulos, los de Casado han incluido a la okupación en el último de ellos titulado: Retos globales de una Sociedad Abierta.
El PP se compromete a "reforzar el delito de usurpación de viviendas pasando de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años y modificar el Código Penal para la lucha contra las mafias de la ocupación". En la próxima legislatura "agilizaremos los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas ocupadas y reformaremos los procesos civiles para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer sus derechos con la misma agilidad que las personas físicas". También, "reforzaremos los medios al alcance de las comunidades de propietarios para mejorar la convivencia vecinal, combatir las conductas incívicas y lograr mayor seguridad".
Para intentar neutralizar una de las prácticas más habituales de los okupas profesionales, "se considerará nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intente inscribirse ocupe ilegalmente la vivienda".
Además, eliminarán las subvenciones a las asociaciones que apoyen la okupación de viviendas y dedicarán "más esfuerzos de las policías municipales para prevenir, vigilar los pisos ocupados ilegalmente, detener a los implicados en tales delitos y asegurar la convivencia pacífica en los barrios".
Aunque no viene redactado en su programa, ayer lunes, Pablo Casado aseguró que su ley va a echar "a la calle" a los okupas "en 12 o 24 horas". "Pero, ¿qué es eso de ir a tu casa y que te la encuentres okupada?", se preguntaba el líder del PP.
Eso sí, estas medidas legislativas no afectarán a los desahucios hipotecarios ni a los arrendaticios, por lo que los inquilinos que no paguen su mensualidad quedarían exentos de ellas. El PP lo justifica asegurando que "luchamos contra la delincuencia y la ocupación ilegal, no contra aquellos que están en una situación de precario".
Cs da margen de actuación a los vecinos
Ciudadanos ha sido el último en presentar su programa electoral, pero también le ha dedicado uno de sus apartados a esta lacra. Ha sido precisamente este martes cuando el partido naranja ha publicado el documento dividido en 14 categorías con el que pretende ganar el voto de las urnas para el 28 de abril.
En el capítulo que ha bautizado como Una política de Seguridad y Defensa adaptadas al siglo XXI se encuentra el punto 156, que se compromete a aprobar "una Ley contra la Okupación que promueva la recuperación inmediata de los inmuebles por sus propietarios y los juicios rápidos contra quienes vulneran la propiedad y dañan la convivencia".
Una novedad entre las medidas de Rivera es que "legitimaremos a las comunidades de vecinos para iniciar el desalojo de viviendas okupadas en caso de inacción por sus titulares". Esta parte responde a los casos tan comunes de okupas que buscan viviendas para asaltar que sean propiedad de la banca porque las entidades financieras no se molestan en recuperarlas. En muchos de estos casos, la convivencia con los vecinos se vuelve insoportable, lo que les convierte a ellos en los principales damnificados por estas prácticas y no a los verdaderos dueños de los pisos.
Por último, Ciudadanos se compromete a endurecer "las penas para las okupaciones violentas" y "perseguir a las mafias que se lucran con ellas o que las realizan para actividades delictivas como sucede con los narcopisos".
Vox quiere echarlos "en cuestión de horas"
Aunque en su último programa económico Vox no ha incluido medidas contra los okupas, ya lo hizo en su día con el documento 100 medidas para la España Viva en el que se apoyará en la campaña electoral. Su medida 86, que pretende Promulgar leyes antiokupacion y antiusura, no se centra solo en la problemática de la okupación y mezcla varios temas que no han estado exentos de polémica.
"Los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, para ello se ampliará el concepto de legítima defensa de forma que los españoles que dispongan legalmente de 28 un arma puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron", reza el texto. Seguido de esta medida, defienden "tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada" y una "reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado". Además, "la participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales".
El PSOE mira para otro lado
El PSOE debe pensar que el problema de la okupación no preocupa a su electorado, ya que ni lo menciona en sus 110 compromisos para la España que quieres. En este documento de 48 páginas, el partido de Pedro Sánchez se limita a dedicarle un apartado al Derecho irrenunciable a una vivienda digna y asequible. Para lograrlo pretende:
- Fomentar "la promoción de vivienda de alquiler social, movilizando suelo público que se encuentre disponible mediante la cesión de derecho de superficie y favoreciendo el uso de mecanismos público-privados". Además, reforzará "el papel de SEPES e ICO en la política de vivienda, con el fin de fomentar la oferta de vivienda de alquiler social de carácter permanente".
- Impulsar "una Estrategia para combatir la pobreza energética, consolidando el derecho a la energía".
- Restablecer "la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con ingresos bajos".
Podemos, contra los desalojos
Podemos no sólo no pretende hacer nada contra la okupación, sino que promete "prohibir los desalojos sin alternativa habitacional", tal y como indica el punto 193 de su programa. Esta medida podría resultar torticera, ya que si es su mismo partido el que tiene que encargarse de proporcionar una alternativa habitacional y no lo hace, podría suponer la legalización de la okupación por la puerta de atrás.
El texto de la formación de Iglesias para un nuevo país dice que "en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible". Prometen asegurarse de que "España cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". También, establecerán "protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y las distintas Administraciones para definir los procesos de actuación entre jueces y unidades de servicios sociales competentes, que intervengan en casos de desalojo de familias y personas en situación de vulnerabilidad y garanticen una alternativa habitacional adecuada".
¿Qué dice ahora la Ley?
En julio de 2018 entró en vigor la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de garantizar que el dueño recupera "de inmediato la posesión ocupada ilegalmente". La norma, también conocida como desahucio exprés, pretendía que desde que el juzgado tramita la demanda, "los desconocidos okupantes" tuvieran cinco días para abandonar la casa.
Su puesta en marcha generó "mucho interés" entre los propietarios, pero también algunas dudas entre los abogados sobre el tiempo que puede transcurrir desde que el propietario pone la demanda hasta que se la tramitan. Meses después, los mismos abogados confirmaron que no se estaba logrando aplicar la ley por el "colapso de los juzgados".