La empresa de reparto de comida a domicilio Deliveroo ha considerado hoy que la nueva directiva europea dirigida a reducir la precarización laboral no afecta a sus repartidores por tratarse de "trabajadores autónomos".
La compañía ha incidido en un comunicado que el propio Parlamento Europeo -que ha dado luz verde este martes a esta nueva legislación laboral- precisa que los autónomos "quedan fuera del alcance" de esta normativa.
"Deliveroo quiere ofrecer más seguridad a los repartidores con los que colabora, pero de una manera que sea compatible con el trabajo flexible para elegir cuándo y dónde trabajar", han destacado desde la compañía.
El criterio de la empresa de reparto a domicilio contrasta con el comunicado difundido por el propio Parlamento Europeo que explica que la decisión permite aprobar "unos derechos mínimos" para los empleados de plataformas "como Uber o Deliveroo".
El texto precisa que la ley abarca a "aquellos que tienen un trabajo informal o a corto plazo, para los trabajadores intermitentes, para los trabajadores bajo demanda y para quienes trabajan en plataformas", entre otros, aunque al mismo tiempo excluye "a los autónomos".
"Modernizamos la ley laboral europea y la ajustamos para un nuevo mundo laboral", ha defendido por su parte la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, en un debate previo al voto.
La nueva directiva obliga al empresario a informar desde el primer día a todos los trabajadores de las características fundamentales de su contrato, incluida una descripción de las tareas asignadas, la fecha de incorporación, la duración, el salario y el horario tipo por jornada (o unas horas de referencia en caso de puestos con horarios impredecibles).
La normativa, dirigida a aliviar la precariedad creciente y que pone al día una directiva de 1991, también prevé derechos adaptados a cuestiones específicas que afectan a los trabajadores a demanda, que cobran con bonos o para plataformas en línea, como horarios predecibles y plazos para notificar la cancelación de contratos a demanda.
Será cada país el que en su legislación especifique cuál es el plazo límite para cancelar un trabajo a demanda sin que tenga que ser igualmente retribuido.
Está previsto que la iniciativa sea refrendada por el Consejo a mediados de junio, y poco después se publique en el diario oficial de la UE, paso previo a la transposición en la legislación nacional de cada país miembro (36 meses de plazo).