Bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, el gasto público aumentó con fuerza al calor de los ingresos fiscales extra que proporcionó la burbuja inmobiliaria. Pese a los ajustes adoptados entre 2008 y 2014, lo cierto es que España cerró el año 2018 con un abultado déficit público de más de 30.000 millones de euros. Peor aún, la deuda de las Administraciones está subiendo a un ritmo de 15 millones por hora, quizá la mejor prueba de que el saldo fiscal va por muy mal camino.
Desde el gobierno del PSOE, Pedro Sánchez insiste en que España debe cerrar esa brecha con una subida de impuestos que equipare nuestros niveles de gasto con los de otros países europeos. Sin embargo, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se está enviando un mensaje muy distinto al gobierno. No en vano, el organismo dirigido por José Luis Escrivá está completando un programa de revisión del gasto que está aflorando notables ineficiencias.
Un buen ejemplo del despilfarro que siguen albergando nuestros presupuestos son las llamadas "políticas de empleo". Cada año, la AIReF estima que el desembolso anual por este concepto llega a los 6.500 millones de euros. Sin embargo, el equipo de Escrivá considera que la efectividad de dicho capítulo está muy lejos de lo deseable.
De entrada, los datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan que, ahora mismo, apenas el 2,1% de los asalariados ha encontrado trabajo gracias a los servicios públicos de empleo. Frente a 345.000 empleados que están en estas circunstancias, hay 627.000 trabajadores que han llegado al mercado laboral gracias a una empresa privada de colocación.
La AIReF ha constatado que es muy difícil vigilar el gasto en "políticas de empleo" porque parte de estos desembolsos se canaliza a través de las comunidades autónomas, que funcionan con sistemas informáticos distintos, protocolos diferenciados, etc. De hecho, el informe del organismo público admite que "no es posible tener identificado todo el dinero que se destina a políticas activas de empleo", de modo que el dato de los 6.500 millones de euros es solo aproximativo.
La revisión desarrollada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal plantea como alternativa una ventanilla única de atención a los desempleados, un refuerzo del control de las prestaciones sociales, una estandarización de las bases de datos y un sistema de incentivos más orientado a resultados.
Otro ejemplo de despilfarro lo tenemos en las políticas de "reindustrialización y competitividad industrial". Este tipo de gastos han supuesto 4.900 millones de euros entre los años 2008 y 2016. Sin embargo, la revisión de la AIReF considera que los objetivos perseguidos no se han conseguido, siendo "nulo" el efecto global del programa.
Los 4.900 millones de euros comprometidos por el erario público perseguían aumentar la actividad y el empleo en elector secundario. Sin embargo, la conclusión de la AIReF es que cada empleo creado ha exigido 24.000 euros de subvención anual, mientras que cada euro de inversión privada ha exigido 0,6 euros de gasto público.
Además, el alcance de las medidas ha sido muy limitado, puesto que apenas el 2,2% del tejido industrial se ha acogido al programa, lo que ha concentrado la picaresca en un grupo pequeño de empresas que sí han sabido moverse en este entramado de préstamos subvencionados. Cabe apuntar, por otro lado, que la morosidad en estos préstamos ha ido a más y ya ha alcanzado el 23% de la cartera.